El Ayuntamiento de Yaiza exigirá a los dueños de Marina Rubicón que presenten un proyecto para intentar legalizar este puerto, una vez que el Consistorio reciba la notificación de la sentencia del caso Yate. Así lo ha confirmado el alcalde, Óscar Noda, que asegura que hasta la pasada semana aún no se había recibido esa notificación en el Consistorio, pese a que la Audiencia Provincial ordenó el pasado mes de marzo dar traslado del fallo al Ayuntamiento "a los efectos que procedan".
Entre otras cosas, esa sentencia declaró ilegal la licencia del puerto y consideró probado que el ex alcalde, José Francisco Reyes, la otorgó a cambio de sobornos, tal como confesó él mismo antes del juicio, al aceptar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
"Sí es verdad que a través de los medios parece ser que (el puerto) está incluido", ha señalado el alcalde en referencia a esa sentencia penal, que también anuló decenas de licencias hoteleras. Ahora, en el caso del puerto, Noda afirma que "deberá pasar por los mismos procedimientos que los hoteles", que llevan años inmersos en este trámite, después de que esas licencias hubieran sido ya anuladas con sentencias firmes en la vía contencioso - administrativa.
El nuevo Plan de Yaiza "sí contempla ese tipo de infraestructura"
En cuanto a las posibilidades que tendrá el puerto de legalizarse obteniendo una nueva licencia, el alcalde ha señalado que el nuevo Plan General de Yaiza aprobado en 2014 sí "contempla ese tipo de infraestructura", a diferencia de lo que ocurría con el que estaba en vigor cuando se construyó el puerto, que no permitía esa obra. "Ahora entiendo que tiene que pasar el mismo proyecto de regularización que los hoteles. Volver a presentar proyecto, un proyecto que se adecúe con el planeamiento actual y a partir de ahí, ir estudiando ese proyecto y ver lo que van arrojando los informes técnicos y jurídicos", ha señalado Noda.
Precisamente la falta de cobertura en el Plan de Yaiza fue uno de los motivos que llevaron a declarar ilegal el puerto, que se comenzó a construir sin un solo permiso. Sin embargo, cuando hace cuatro años se aprobó el nuevo Plan General de Yaiza se le dio cobertura, reconociendo la existencia de Marina Rubicón y cambiando la categoría del suelo, clasificándolo como urbano consolidado ordenado. El documento señala que fueron los propios dueños del puerto quienes presentaron una propuesta de "ordenación" que fue asumida en su totalidad por el Gobierno de Canarias, dando así por bueno lo que en realidad ya estaba construido. No obstante, precisaba que Puertos Canarios no había emitido un informe favorable y advertía que si ese informe no llegaba, se consideraría "como ámbito no ordenado".
En cuanto a otro de los incumplimientos de los promotores de Marina Rubicón, relativo a la Ley de Costas, el nuevo Plan General de Yaiza también apeló a los hechos consumados para dar una salida al puerto. Concretamente, señala que no le sería "de aplicación" esa ley -que impone "limitaciones a la propiedad privada en los terrenos colindantes con bienes que conserven sus características naturales"-, porque las "características naturales" de la zona ya no existen, precisamente porque fueron alteradas por los promotores de este puerto ilegal, por lo que el Plan concluye que el artículo no sería de aplicación.
Intento frustrado de evitar la sentencia de Yate
Los dueños de Marina Rubicón intentaron evitar el proceso que tendrán que afrontar ahora tratando de personarse en el caso Yate cuando la causa ya estaba juzgada y en fase de ejecución de sentencia, aunque su intento fue rechazado el pasado 2 de julio por la Audiencia Provincial. "No existe precepto alguno que posibilite interponer recurso de casación al que no ha sido parte en el procedimiento", señalaba el auto dictado por la Audiencia, que rechazó admitir a trámite el recurso de casación presentado el pasado mes de abril por la empresa, subrayando que ni está legitimada para interponerlo ni lo ha presentado en el momento procesal oportuno.
Al respecto, explicaba que "el intento de personación" en esta causa "debió hacerse" durante la instrucción y no en la fase actual, "en la que difícilmente puede tramitarse un recurso de casación contra una sentencia" que ya ha sido declarada firme y que está en fase de ejecución, habiéndose ordenado incluso el ingreso en prisión de dos de los condenados. Además, tal como había subrayado el Ministerio Fiscal, la Audiencia recuerda que este procedimiento duró "más de diez años" y que los dueños del puerto pudieron personarse en su día porque tenían perfecto conocimiento de su existencia, entre otras cosas porque llegaron a estar imputados en la causa.
Licencia ilegal en seis días y a cambio de sobornos
Tal como desveló la investigación del caso Yate, Marina Rubicón comenzó a construirse sin tener siquiera licencia. De hecho, ni siquiera la habían solicitado y los promotores solo la pidieron cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó paralizar las obras. Y solo seis días después de que la pidieran, José Francisco Reyes otorgó ese permiso ilegal.
El que entonces era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, también confesó en el caso Yate que era consciente de que ese permiso era ilegal, pero aún así emitió un informe favorable, por lo que aceptó una condena por un delito de prevaricación. En cuanto a Reyes, admitió que recibió una "dádiva" valorada en 60.000 euros de los dueños del puerto, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, al disfrutar de un atraque gratis durante cinco años en esas instalaciones. Y ese soborno, según considera probado la sentencia, no solo obedecía a la licencia del puerto, sino también a otras licencias ilegales otorgadas a los mismos empresarios.
Dos de ellas, la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, fueron concedidas a Juan Francisco Rosa, en uno de los casos "tres días después" de que la pidiera. La tercera, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En su fallo, tal como reveló la instrucción de esta causa, la Audiencia señala que el Plan General de Yaiza que estaba en vigor no contemplaba un puerto deportivo, que no se realizó la declaración de Sistema General Insular, ni por tanto se tramitó el estudio de impacto ambiental, y que "no había instrumento de ordenación del territorio" que le diera "cobertura", pese a lo cual se concedió ese permiso.
En cuanto a los empresarios que entregaron esa dádiva, en su momento estuvieron imputados en la causa, pero finalmente se archivaron los cargos contra ellos. Y es que el Código Penal que estaba vigente en ese momento no permitió tipificar el delito, al tratarse de un cohecho impropio posterior a la concesión de la licencia, y no anterior. Para esos casos, el anterior Código Penal ?que es el que tuvo que aplicarse- contemplaba penas para el que recibía el regalo, pero no para el que lo entregaba.