Una plataforma constituida por ciudadanos de todas las Islas Canarias ha presentado en Bruselas las firmas originales de una denuncia dirigida al presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, solicitando su intervención directa para suspender las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura y para atender al interés general de Canarias. Entre los firmantes, se encuentra la Comisión Insular contra las prospecciones petrolíferas de Lanzarote.
Tras haber presentado el texto el pasado 18 de octubre por vía telemática a través de la denominada "Comisión de Peticiones", cinco ejemplares de la denuncia recorrieron una a una todas las Islas del Archipiélago, incluida La Graciosa, recopilando las firmas originales de todas las personas que promovieron la iniciativa. Tras concluir el recorrido por todo el Archipiélago, han sido presentadas esta semana en la capital belga y sede de la Unión Europea para "ser anexadas a la denuncia telemática", según han informado a través de un comunicado.
Entre otros contenidos, la plataforma ciudadana denuncia que "no es admisible, en ningún caso, y menos aún en estas circunstancias en que una profunda crisis económica afecta a la sociedad española en general y a la canaria en particular, amenazar el empleo que genera el turismo por una explotación minera de alto riesgo que no genera empleo ni beneficio significativo para la población, sino para un conjunto de multinacionales".
Esta denuncia se suma a otras ocho quejas interpuestas en 2012 por otras entidades públicas y privadas, así como personas particulares, de España y de Europa ante la Comisión de Peticiones, reclamando también la cancelación del proyecto petrolífero que Repsol y otras multinacionales extranjeras "llevan a cabo ya" frente a Lanzarote y Fuerteventura. Las quejas europeas han sido interpuestas por el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, WWF, Greenpeace, los Verdes Europeos, y numerosas personas físicas.
La Comisión de Peticiones es un instrumento que el Parlamento Europeo dispone al servicio de cualquier persona, asociación, empresa o entidad que pertenezca a estados miembros de la Unión Europea y que estimen que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por autoridades públicas o por intereses privados.
A consecuencia de esta denuncia de la ciudadanía canaria, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo podría emplazar en Bruselas a los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura, así como al presidente del Gobierno de Canarias, y obtener así sus declaraciones en primera persona para verificar si los argumentos expuestos en la denuncia ciudadana son secundados y ratificados por las máximas autoridades institucionales de Canarias.
"De ser así, la denuncia podría abrir las puertas para iniciar un litigio que determinaría el futuro del proyecto petrolífero en Canarias, y que podría acabar en la más alta instancia judicial del continente, el Tribunal de Justicia Europeo", según han señalado desde la plataforma.
"Información falsa"
El texto de la denuncia también afirma que "tampoco es aceptable que las autoridades españolas, a través del ministro de Industria, Energía y Turismo, estén difundiendo de forma sistemática información falsa a una población que necesita imperiosamente mejoras urgentes de sus condiciones laborales y económicas". "Y lo hace a sabiendas de que es falsa y de que crea expectativas que no podrán cumplirse en ningún caso", han señalado.
"Por otro lado, una contaminación del entorno costero de las islas por la actividad petrolífera de unas perforaciones que tendrían lugar a escasos kilómetros de las islas, podría ocasionar no sólo un impacto de imprevisibles consecuencias en la industria turística de las islas, sino también el colapso de toda la producción de agua potable para la población, al depender al 100 por cien de plantas desaladoras que obtienen el agua del mar", ha recordado la plataforma integrada por ciudadanos de todas las Islas Canarias.
"España ya fue condenada"
Desde la plataforma han insistido en que "España posee un importante número de antecedentes de investigación y de condena por parte de la Unión Europea". En este sentido, ha recordado que en septiembre de 2011, España "fue condenada por el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre hábitats naturales, al no haber designado las Zonas Especiales de Conservación (ZEC´s) de Canarias".
"Ahora, esta carencia proteccionista sobre espacios y especies de alto valor ecológico afecta de forma directa al conflicto de las prospecciones ya que, de haber sido declaradas, las defensas legales de quienes se oponen a las prospecciones tendrían más argumentos de peso para lograr la suspensión del proyecto", ha señalado la plataforma.