Investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han desarrollado un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis del impacto de la misma sobre la calidad de vida de los ciudadanos. En España, este coste social se cifra en aproximadamente 40.000 millones de euros anuales, según este estudio.
Al aplicar la nueva metodología en el ámbito español, los resultados demuestran que "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional", concretamente de 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008).
Estos resultados han sido publicados en reconocidas revistas internacionales de gran impacto en el área del desarrollo de métodos de medición en Ciencias Sociales (Social IndicatorsResearch) y en economía aplicada (Applied Ecomomics).
En el estudio, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León, desarrollan un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.
"Extremadamente complicado" perseguir la corrupción
Los investigadores destacan que la corrupción es uno de los "problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles", pero reconoce que "detectar y perseguir la corrupción es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición". En este sentido, explican que las mediciones existentes hasta ahora del nivel de corrupción se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente.
Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad, incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC incluyen en este estudio, como el impacto sobre la reducción de la inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente o el desánimo en la población que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.