La juez Silvia Muñoz ha dado ya por concluida la instrucción de una de las piezas centrales del caso Unión, la número 12, centrada principalmente en el cobro de comisiones ilegales a distintos empresarios desde el Ayuntamiento de Arrecife, a través de una presunta trama organizada liderada por Dimas Martín.
En un auto dictado este mismo jueves 28 de mayo, la juez ordena seguir el trámite de procedimiento abreviado, lo que supone entrar en la recta final para ir a juicio. Ahora son la Fiscalía y la acusación popular las que deben presentar sus escritos de acusación. Para ello, la juez les da 30 días, un "plazo ampliado en atención al volumen de complejidad de la causa".
A falta de esos escritos de acusación, la juez ya señala en su auto a las 15 personas que considera que deberán sentarse en el banquillo por esta pieza de Unión, tras investigar los indicios de delito que dieron lugar a su imputación.
Asociación ilícita, cohecho y otra larga lista de delitos
Las personas que la juez entiende que deberán ir a juicio son Dimas Martín; el que era su mano derecha, Matías Curbelo; los ex concejales del PIL en Arrecife Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín y Luisa Blanco; el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha; la jefa de Contratación (e hija de Dimas Martín), María Elena Martín; el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz; y los empresarios Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Manuel Gregorio Reina, Antonio Cárdenas, Samuel Jesús Lemes y Juan Francisco Rosa.
En cuanto a los delitos, la juez mantiene la imputación por asociación ilícita contra Dimas, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra. Además, tanto al líder histórico del PIL como a los cuatro ex concejales de Arrecife les considera responsables de presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.
En el caso de Dimas, suma además un delito de falsedad documental, que es el mismo que se le imputa al empresario Juan Francisco Rosa. En su auto, la juez recuerda que Rosa firmó un contrato de trabajo con Dimas Martín a través de Galerías Rosa, "sin que el señor Martín desempeñara actividad laboral alguna, pero con el único fin de que pudiera obtener el tercer grado penitenciario, utilizando para ello un contrato ficticio".
Rosa hizo "donaciones" al PIL de hasta 60.000 euros por campaña
Por su parte, además de por asociación ilícita, Matías Curbelo está imputado por cohecho y por delito electoral, "en su modalidad de financiación irregular con falseamiento de cuentas". En su auto, la juez subraya que las comisiones ilegales que obtenían iban a parar en parte a la financiación ilegal del PIL, del que Curbelo era tesorero. Además, subraya las "donaciones" que recibía el partido, entre ellas de Juan Francisco Rosa. Según el auto, Rosa realizó aportaciones al PIL "de hasta 60.000 euros" por cada una de las campañas electorales de 2003 y 2007.
"Dichas aportaciones se habrían hecho a cambio de que se favorecieran sus intereses económicos, particulares o de sus empresas, por parte de los cargos públicos electos del Partido de Independientes de Lanzarote una vez celebradas las elecciones", señala la juez. El propio Matías Curbelo confesó en los Juzgados esa financiación ilegal del PIL y las "donaciones" de éste y otros empresarios, entregando incluso la "contabilidad B" del partido.
En cuanto a los trabajadores del Ayuntamiento, Arrocha y Elena Martín están imputados por revelación de información privilegiada y fraude a la administración; mientras que Carlos Sáenz deberá responder de presuntos delitos de malversación, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Presuntos sobornos y facturas infladas y duplicadas
Por su parte, los empresarios Antonio Gómez Ruiz (administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita), Jesús Manuel Martín Brito (administrador de Infogelan Construcciones) y Manuel Gregorio Reina (administrador de Construcciones y Reparaciones Reina) y Samuel Lemes (administrador de Construcciones y Promociones Smayer) están imputados por delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación. Además, en el caso de Lemes, suma también otra imputación por estafa.
Todos ellos, según recuerda el auto, pagaron presuntas comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos y el pago de facturas desde el Ayuntamiento de Arrecife. Además de omitirse los procedimientos de contratación, la juez considera que también se malversó dinero público al realizar pagos de facturas duplicadas o con presupuestos que no se correspondían con lo realmente ejecutado.
Por último, Antonio Cárdenas, de Enac Ingenieros y Consultores, está imputado por revelación de información privilegiada y fraude a la administración. Según el auto, Cárdenas "obtuvo información privilegiada" del Plan de Barrios y "las ofertas presentadas por otros empresarios", a través de Rafael Arrocha y Elena Martín. "Esto le permitió presentar, al margen de los criterios de igualdad y libre concurrencia, la propuesta mejor valorada para que se adjudicase a Enac Ingenieros y Consultores SL algunas de las obras del citado Plan, previo pago en metálico a Matías Curbelo de la dádiva exigida por el señor Martín", señala la juez.