El Comité de Empresa de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la Provincia de Las Palmas, compuesto por Intersindical Canaria, CCOO y Sepca, ha denunciado el "caos, tanto a niveles organizativos como de gestión, que se está produciendo" en este departamento. "El Gobierno de Canarias consigue hundir los Servicios Sociales", señalan los sindicatos en un comunicado, en el que anuncian una posible denuncia ante Fiscalía.
Como dato significativo, el Comité de Empresa resalta que "en estos momentos existen más de 47.000 beneficiarios en Canarias de Pensiones no Constributivas" y que "para resolver los expedientes nuevos de jubilación se tarda más de doce meses, cuando la normativa establece un periodo de tres meses máximo". En cuanto a las de invalidez, apunta que también tardan "más de un año", ya que "el Centro Base de Discapacidad que también depende de la misma Consejería tarda una media de un año para reconocerle el grado de discapacidad al ciudadano que se requiere para ser beneficiario" de esta pensión.
"Hay expedientes pendientes de resolver de Pensiones no Contributivas (PNC) de los años 2011 en adelante", denuncia el Comité de Empresa de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la Provincia de Las Palmas, que señala que "no solo eso es lo triste, sino que al existir menos plantilla de personal que en el año 1991, cuando los procedimientos se han multiplicado por más de 20, no se puede realizar las revisiones anuales obligadas por ley para comprobar que los perceptores siguen manteniendo los requisitos".
Pensiones que "se llegan a quitar" por "no cumplir" los plazos
Las consecuencias de no cumplir estos plazos, según indican los sindicatos, "es que se llegan a quitar las pensiones" y a "reclamar deudas de más de 15.000 euros a personas que no tienen para comer y muchas de ellas ni siquiera donde dormir, sin nombrar todas las suspensiones de pensión que se realizan simplemente por venir una carta devuelta del pensionista", lo que afirman que "conlleva el estar como mínimo y, con suerte, tres meses sin cobrar absolutamente nada".
Todo ello, según el Comité de Empresa, apunta "a falta de múltiple personal y técnicos" y "recursos informáticos en general para realizar óptimamente el trabajo diario, teniendo que ingeniárselas los propios trabajadores para poder sacar el trabajo adelante". Algo que consideran "contradictorio", cuando "la misma consejera es la del sector del Empleo" y "manifiesta continuamente que todo va bien, burlándose de las personas más desfavorecidas de la sociedad y de sus propios trabajadores, que continuamente sufren enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo, presiones, etc., encontrándose los trabajadores continuamente desvalorados, desmotivados y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones".
Expedientes sin resolver de la Prestación Canaria de Inserción
En cuanto a la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Comité de Empresa señala que "existen aproximadamente unos 10.000 beneficiarios" y "más de 600 expedientes nuevos sin resolver", además de "otros 1.000 renovaciones", destacando que "el silencio es positivo, lo que muchos ciudadanos no conocen".
Además, los sindicatos aseguran que hay "otros 600 o más recursos por resolver por falta de personas, entre ellos letrados". "Llegan hasta tal extremo que en la misma sección se resuelven los recursos de alzada siendo juez y parte de la vez, desentendiéndose de todo el viceconsejero Francisco G. Candil", critica el Comité de Empresa, que afirma además que a día de hoy sobran "más de once millones de euros destinados a la PCI" que no saben "dónde irán a parar".
"A CC no le importan las personas que lo pasan mal"
Asimismo, Intersindical Canaria, CCOO y Sepca afirman que "se ha duplicado para el 2018 el presupuesto (de 20 a 54 millones), no incrementándose el personal que puede atender la gestión", acusando de "repaldar esta irresponsabilidad" al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "que tampoco actúa para dar una solución a todo lo que está sucediendo".
El Comité de Empresa de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la Provincia de Las Palmas afirma que todos estos hechos "se han denunciado ya y puesto en conocimiento de la consejera Cristina Valido, sin preocuparle absolutamente nada". "A la señora consejera y a este Gobierno de Canarias en solitario, Coalición Canaria, no le importan las personas que lo pasan mal en Canarias. Simplemente se acuerdan a la hora que tienen que depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni para su trabajadores", reprocha.
Exigen una solución "con un calendario corto" o dimisiones
Ejemplo de ello apuntan los sindicatos que son las promesas recientemente realizadas a los emigrantes canarios retornados de Venezuela. "En menos de tres meses tienen resueltos sus expedientes de exlusión social, encargándose el mismo personal que está para tramitar el resto de ayudas, con lo cual el resto están paralizadas (más de 300 expedientes de incluise en nómina de PNC, otros 600 de PCI y sin valorarse las subvenciones destinadas a la exclusión social pendiente de resolver".
En este sentido, el Comoté de Empresa afirma que "se han tramitado unas 550 solicitudes de venezolanos, de los que tendrán derecho unos 150, empadronados la mayoría en las islas occidentales no capitalinas, escluyéndose al resto de la población canaria en exclusión social" como "por ejemplo a la persona que supera los 24 meses de la Prestación Canaria e Inserción y no ha cumplido el Gobierno con su programa de integración laboral", "a la persona que agota las ayudas del INEM y no puede acceder a otros" y "al resto de colectivos de otras nacionalidades como puede ser Cuba u Argentina", señalando como responsable a "Santiago Rodríguez, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza".
El Comité de Empresa afirma que, "actualmente, se está recabando toda la documentación para realizar un estudio jurídico por si fuese procedente remitirla a la Fiscalía correspondiente" y solicita "con carácter inmediato" el compromiso de Fernando Clavijo "con un calendario corto de fechas para dar una solución a todo lo expuesto" o en su defecto su dimisión y la de la consejera Cristina Valido.