El ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, exigió a Canal Gestión que modificara el plan de inversiones previsto en el contrato para incluir otras obras que en realidad correspondían a empresarios de Playa Blanca, dado que se debían realizar dentro de cinco planes parciales que no habían sido recepcionados y que por tanto aún dependían de los promotores. Así se refleja en las actas de las reuniones de la comisión de seguimiento del contrato con Canal, en las que se fue incrementando la tensión entre las dos partes en los últimos años, llegando el Consorcio a amenazar con imponer a la empresa una sanción de más de 600.000 euros por negarse a asumir las obras en esos planes parciales.
La exigencia de San Ginés se empezó a plantear en 2017, que fue cuando firmó convenios con los promotores de los planes parciales de Castillo del Águila, Las Coloradas, San Marcial de Rubicón y Costa Papagayo. En esos convenios, el Consorcio se comprometía a redactar los proyectos y también a asumir la mitad del coste de las obras que estaban pendientes, para "poner fin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa urbanística y de la jurisprudencia sobre el cumplimiento de los deberes legales por parte de los propietarios".
Además, en el caso de Costa Papagayo ?donde entre otros se encuentran el hotel Princesa Yaiza y el Son Bou-, el convenio firmado entre San Ginés y Juan Francisco Rosa rebajaba la cantidad que pagaría este empresario, situándola por debajo de ese 50% que abonaría el resto. Para ello, establecieron una "indemnización" de 60.625 euros por el uso del emisario submarino que pertenecía a los promotores de este Plan Parcial, que en su día estaban obligados a construir todas las dotaciones necesarias para la urbanización, y que sin embargo no completaron ni siquiera las aceras ni el acabado de muchas calles, tal como tuvo que advertir también reiteradamente el Ayuntamiento exigiendo esas obras.
Canal se negó a asumirlas y pedía un estudio "que verifique los cálculos"
En cuanto a las obras relativas a las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, el convenio firmado por San Ginés en julio de 2017 señalaba que serían llevadas a cabo "por el Consorcio o quien éste designe". Después, lo que hizo fue trasladar esa exigencia a Canal, pidiéndole además que descontara este gasto del plan de inversiones que se aprobó al firmar el contrato.
El ex presidente lo planteó por primera vez en la reunión de la comisión de seguimiento del contrato celebrada en junio de 2017, cuando el responsable de Canal Gestión señaló que no podía "adoptar un compromiso" de asumir esas obras, al menos hasta que no se realizara "un estudio que verifique los cálculos y se indiquen las obras concluyentes imputables al mismo". A esto, según consta en el acta, San Ginés respondió que "las inversiones a realizar en los planes parciales sean imputadas al plan de inversiones a ejecutar por la concesionaria".
Sin embargo, un año después seguían sin llegar a un acuerdo, ya que Canal Gestión aseguraba que ya había realizado todas las inversiones comprometidas y que no quedaban fondos para acometer esos trabajos en los planes parciales. Así, aunque las actas también muestran que la inversión realizada por Canal en ese momento estaba muy lejos de cumplir con lo que había comprometido, la empresa se ofrecía a ejecutar esas obras pero con cargo al Consorcio. Además, reclamaba cobrar a cambio un 10% del precio de la obra, como proponía para otras inversiones que barajaron encomendar a Canal al margen del contrato.
Requerimiento y amenaza de sanción
Finalmente, en agosto de 2018 el Consorcio envió un requerimiento por escrito a Canal Gestión ?que volvió a reiterar ante la falta de respuesta-, en el que le instaba a asumir las infraestructuras hidráulicas de estos planes parciales y a acometer las obras necesarias.
Después, en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada en diciembre de 2018, el gerente del Consorcio, Domingo Pérez, volvió a reclamar la ejecución de esos trabajos, apuntando que solo en las obras que Canal había intentado imputar al Plan de Inversiones había un remanente de más de 840.000 euros, porque habían incluido gastos que no eran realmente inversiones y habían sido rechazadas como tal por el Consorcio.
En cuanto a las obras necesarias en los cuatro planes parciales con los que había firmado convenios San Ginés, Pérez señaló que el coste sería de 1.180.683 euros. De esa cantidad, los promotores pagarían el 50% a excepción del que depende de Rosa, Costa Papagayo, que tendría "un descuento de 60.625 euros por la utilización por parte del Consorcio del emisario submarino desde la puesta en funcionamiento de la EDAR de Playa Blanca".
Sin embargo, Canal siguió sin acometer esas obras y en abril de 2019 Domingo Pérez advirtió de la comisión de una falta "muy grave" y propuso imponer una sanción a la empresa "por la cuantía del valor estimado de las obras", fijándola en 640.000 euros. Este tema se volvió a abordar en una reunión celebrada en mayo de 2019, la penúltima bajo el gobierno de CC, en la que se señaló que ese expediente para imponer una penalización a la empresa se encontraba "en fase de estudio" de las alegaciones presentadas por Canal.
