El Gobierno de Canarias no ha decidido aún si seguirá la batalla en los tribunales para defender el monopolio del agua en Lanzarote, después de que una segunda sentencia haya anulado el planeamiento hidrológico por considerar ilegal la prohibición de las desaladoras privadas. Después de que el primer fallo fuera adelantado la pasada semana por La Voz de Lanzarote, el presidente del Cabildo anunció que la sentencia sería "recurrida por el Gobierno de Canarias, y presumiblemente por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (CIAL), aunque hoy no está personado en el proceso".
Sin embargo, en contra de lo anunciado por San Ginés, desde el Ejecutivo regional han confirmado a La Voz que, al menos hasta este miércoles, no habían decidido si recurrirán o no ese fallo, que dio la razón a la empresa Daminvest S.L., propietaria de los hoteles VIK. "No hay decisión tomada sobre si se recurre o no la sentencia. Se está valorando", han señalado a La Voz desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, casi una semana después de que el presidente realizara ese anuncio.
Además, han confirmado que hay una segunda sentencia, que en este caso estima un recurso de Asolan. Ese segundo fallo, dictado en realidad una semana antes que el que hizo público La Voz, anula también varios preceptos del decreto del Gobierno que suspendió el Plan Hidrológico de 2001 y aprobó unas normas transitorias hasta que se elabore el nuevo documento, cuya tramitación lleva retrasándose desde hace años. Y el motivo está de nuevo en que la ley no permite la existencia de un monopolio en la producción de agua, que actualmente está en manos del Consorcio del Agua pero cedido a Canal Gestión.
La administración "no ha justificado" que haya "circunstancias excepcionales"
"No se ha justificado por parte de la administración pública la concurrencia de circunstancias excepcionales para amparar esta restricción tan importante en una economía de libre mercado y en el marco de una normativa relativa a la liberación de servicios", señala la sentencia, que al igual que la otra cuestiona la estrategia de defensa del Gobierno canario en este pleito. Además, ambos fallos coinciden en que el planeamiento aprobado por el Ejecutivo vulnera su propia Ley de Aguas, algo que San Ginés afirmó que sería "de género tonto".
Sobre el hecho de que el Cabildo, el Consorcio o el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote no estuvieran hasta ahora personados en este procedimiento, pese a que Pedro San Ginés admitió que se trata de un fallo "trascendental" para la isla, desde el Gobierno canario confirman que fue debidamente notificado desde el inicio del pleito para que pudiera ejercer las acciones que estimara oportunas.
"El Gobierno y la Consejería utilizan las vías de comunicación regladas y el emplazamiento se hizo a través del Boletín Oficial de Canarias, como se hace en todos los casos", han precisado desde la Consejería. En concreto, tal como ha podido confirmar La Voz, fue el 17 de marzo de 2016 cuando se publicaron los anuncios relativos a los dos procedimientos abiertos ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, a raíz de los recursos de Daminvest S.L., y de Asolan. Sin embargo, la institución no se personó en ninguno de los procedimientos, aunque ahora San Ginés ha anunciado que estudia recurrir el fallo.
En cuanto a si el Gobierno regional recurrirá finalmente o no esas sentencias, desde el Ejecutivo han señalado que son "los técnicos jurídicos los que lo analizan". "Y son ellos los que valoran si hay base o no para los recursos", insisten desde el Ejecutivo regional. No obstante, cabe recordar que hay precedentes, como ocurrió con el Plan de La Geria, en el que los técnicos señalaron que no había base para recurrir y pese a ello se presentó el recurso contra la anulación del documento. En aquel momento, el presidente, Fernando Clavijo, afirmó que ese recurso, que después fue rechazado, se había presentado "por error".