Ni un funcionario, ni un trabajador, ni un cargo público del Ayuntamiento de Arrecife. Nadie tiene constancia de que realmente se prestaran los trabajos por los que el empresario José Daniel Hernández Arráez cobró 250.000 euros del Consistorio en diciembre de 2008. Eso es lo que ha quedado de relieve en la segunda jornada del juicio de la pieza 13 del caso Unión, donde ya han terminado de declarar todos los testigos citados por las partes. Y en el caso de los testigos presentados por las defensas, de lo que han hablado es de trabajos realizados por este empresario en otros municipios, especialmente en San Bartolomé, pero en ningún caso en Arrecife.
Pese a que Hernández declaró este lunes que había contratado personal para realizar esos supuestos trabajos de electricidad en las fiestas de varios barrios de la capital, su defensa tampoco ha llamado a ninguno de esos trabajadores. Sin embargo, sí han llamado a un funcionario de San Bartolomé, a un constructor con el que Hernández realizó obras en ese mismo municipio y a un ingeniero que, según ha declarado, impartió cursos de formación en telecomunicaciones a empleados de Hernández en el año 2002.
Por su parte, todos los trabajadores de Arrecife que han prestado declaración en el juicio han coincidido en señalar que no hay constancia alguna de que esos servicios realmente se prestaran. Así, el único que asegura que se realizaron es uno de los acusados, Rafael Arrocha, que sostiene que como jefe de la Oficina Técnica fue quien encargó esos trabajos y quien supervisó que realmente se llevaran a cabo. La otra persona que firmó esas facturas autorizando el pago, el ex concejal José Miguel Rodríguez, también está acusado en la causa y este lunes confesó haber "contribuido a malversar" ese cuarto de millón de euros, porque también considera que los trabajos no se realizaron.
Tras la sesión celebrada este martes, ya solo falta que declaren dos peritos y que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas expongan ante la Sala sus conclusiones definitivas. Sin embargo, esa tercera sesión no se celebrará hasta el 11 de diciembre, cuando se reanudará el juicio y quedará ya visto para la sentencia.
"No le he preguntado lo que dice la prensa"
Ni la Fiscalía ni el abogado de la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Arrecife, han formulado apenas preguntas a la mayoría de los testigos aportados por las defensas. De hecho, tras escuchar las respuestas que daban a los abogados de los acusados, solo han formulado una de forma repetida. "¿Y en Arrecife le consta que hiciera trabajos José Daniel Hernández?" Y en todos los casos, la respuesta ha sido no.
Solo uno de los testigos ha intentado matizar que no le constaba "oficialmente" que hubieran existido trabajos en Arrecife, ante lo que ha intervenido el juez que preside la Sala. "¿Y de qué otra forma le consta que no sea oficialmente?", le ha preguntado, a lo que el testigo ha respondido que "por la prensa". "No le he preguntado lo que dice la prensa", le ha contestado el magistrado, dando así por concluida la declaración.
En el caso de este testigo, es un ingeniero industrial que ha declarado que conoce a Hernández, que sabe que tiene una empresa y que ha realizado trabajos para el Ayuntamiento de San Bartolomé (aunque según su declaración, ni siquiera le consta si realmente los ejecutó). Otro de los testigos es constructor y afirma que realizó canalizaciones para obras de tendido eléctrico que iba a realizar José Daniel Hernández, pero en Yaiza y en San Bartolomé, no en Arrecife.
A estos dos testimonios se suma el del ingeniero de telecomunicaciones que impartió cursos de formación a trabajadores de Hernández en 2002 (cuando Proselan, que es la empresa por la que se cargaron las facturas al Ayuntamiento de Arrecife, ni siquiera estaba aún constituida); y un funcionario de San Bartolomé que afirma que conoce al empresario "de verlo trabajando" en ese Ayuntamiento. "¿Sabe si ha hecho algún trabajo en otro ayuntamiento?", le ha preguntado la acusación. "No", ha vuelto a ser la respuesta.
"Si se hubieran prestado esos servicios, lo sabría"
Por su parte, los distintos técnicos del Ayuntamiento no solo han declarado que no hay constancia de que se realizaran esos supuestos trabajos, sino que también han afirmado que había otras empresas contratadas para prestarlos (en el caso de fiestas de envergadura como el Carnaval) o corrían a cargo de empleados municipales (en el caso de las fiestas de los barrios). "Si se hubieran prestado esos servicios, lo sabría", ha afirmado el coordinador de Festejos, José Nieves, que en su día realizó un informe advirtiendo de la presunta ilegalidad de esos pagos (de hecho, tras el estallido de la operación Unión, desde el Ayuntamiento se bloqueó el abono de otras cuatro facturas que sumaban casi 100.000 euros más).
También un trabajador del departamento de alumbrado público del Ayuntamiento, José Morales, ha ratificado este martes un informe que emitió en julio de 2009, en el que concluía que los trabajos no se realizaron. O mejor dicho, que los hicieron operarios municipales u otras empresas, en el caso de las fiestas del Carnaval, pero no José Daniel Hernández.
A estos informes se suman los elaborados por Sheila Aguiar en el año 2013, cuando trabajaba en el departamento de Contratación. La funcionaria, que también ha declarado este martes, emitió en total tres informes, en los que entre otras cosas explicaba que no consta ninguna documentación sobre esas facturas en el Ayuntamiento. En su declaración, ha afirmado que debería existir una propuesta de gasto (para justificar el encargo), pero que en este caso no existía. Por su parte, otro oficial electricista del Consistorio ha declarado que no encontró ni un solo parte de esos supuestos trabajos en el Ayuntamiento.
Inelcon y Leyce
Como testigos también han declarado los responsables de dos empresas, Leyce e Inelcon, que fueron las que se encargaron de los trabajos electricidad en los Carnavales de Arrecife en los dos años que se investigan, pese a que José Daniel Hernández también cargó facturas al Ayuntamiento por supuestos servicios prestados en esas mismas fiestas.
Desde Inelcon, Carlos Lemes ha declarado que no vio a este empresario trabajando junto a él en ninguna fiesta y que cuando le contrataban a él, no coincidía con otra empresa de electricidad. Además, ha explicado que cuando Inelcon realiza trabajos de este tipo, incluye en la misma factura las labores de montaje y desmontaje (Hernández cargaba dos facturas distintas por fiesta, una por montar y otra por desmontar, de entre 20.000 y 30.000 euros cada una).
Lo mismo ha declarado el dueño de Leyce, el también alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que ha confirmado que cuando hacen trabajos en fiestas montan y desmontan, pero lo cobran todo en la misma factura.