La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, ha ingresado en la madrugada de este jueves en el centro penitenciario de Tahíche, donde fue conducida desde los Juzgados de Arrecife, tras prestar declaración ante el magistrado César Romero Pamparacuatro.
El juez ha ordenado prisión provisional sin posibilidad de fianza para Déniz, a la que le imputa al menos dos presuntos delitos distintos de cohecho. Así, la ex alcaldesa, que actualmente ocupa un cargo público en el Gobierno de Canarias, a través de la Academia Canaria de Seguridad, permanecerá en la cárcel hasta nueva orden del magistrado, mientras termina la instrucción del caso "Unión".
Los hechos que se le imputan a Déniz se habrían producido durante su etapa al frente de la Alcaldía de Arrecife, a la que accedió desde las filas del PIL, aunque actualmente milita en Coalición Canaria.
Detención y registro
Déniz fue detenida el pasado lunes en su casa de Playa Honda, que fue registrada durante horas por los agentes de la UCO. Desde entonces, permanecía detenida e incomunicada, por lo que en su declaración ante el juez y el Ministerio Fiscal ha tenido que ser asistida por una abogada de oficio.
Este miércoles ha sido trasladada a los calabozos de los Juzgados de Arrecife para pasar a disposición judicial, aunque su declaración ha comenzado pasadas ya las 2 de la madrugada de este jueves. Tres horas después, salía del Palacio de Justicia en dirección a la prisión de Tahíche.
La familia de testigo
Además, el miércoles también declararon en calidad de testigos en esta causa el marido de la ex alcaldesa, su hermana y viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, y otros miembros de su familia. Todos ellos participaron hace cinco años en un viaje a Marruecos que, presuntamente, fue pagado por la empresa FCC.
Según la investigación, el pago del viaje respondería a un presunto soborno a la ex alcaldesa. En estos hechos estaría supuestamente implicado el empresario Francisco Armas, que el lunes también fue detenido y este miércoles ha quedado en libertad con cargos, imputado por un delito de cohecho.
Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes de la UCO y el Juzgado de Instrucción señalarían que en aqella época, Armas era apoderado de FCC en Lanzarote, pese a que la empresa ha negado tener vínculo alguno con él.
Además de esto, a la ex alcaldesa también se le imputan otros presuntos delitos relacionado con otras empresas.