"Tanto este grupo de gobierno como el anterior, siendo concejal Antonio Rocío, hemos hecho lo que teníamos que hacer, defender los intereses de este municipio". Así se manifiesta la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, tras el nuevo escándalo judicial que ha salpicado también a su ayuntamiento.
En el caso de San Bartolomé, los hechos investigados por la operación "Montecarlo" se remontan a dos legislaturas atrás, concretamente entre los años 2002 y 2007. De hecho, la actual alcaldesa subraya que fue precisamente la llegada del PSOE al grupo de gobierno, tras las elecciones de 2007, la que hizo que se rompiera con la empresa de José Montesinos, que hasta ese momento se encargaba de gestionar el cobro de tributos municipales. Tanto Montesinos como el interventor de San Bartolomé, Carlos Saénz, fueron detenidos la pasada semanay están ahora en prisión provisional.
"Mi compañero Antonio Rocío tenía dudas sobre el expediente y las facturas. Solicitó varios informes y se decidió que la empresa dejara de prestar servicios para el Ayuntamiento", recuerda. A raíz de eso, Montesinos acudió a la justicia para reclamar varios pagos por servicios que el Consistorio entendía que no se habían prestado. Incluso, el empresario denunció por la vía penal al entonces alcalde, Marcial Martín.
"Evidentemente no había nada y Marcial Martín quedó absuelto y se archivó la causa, pero nosotros sí tenemos un contencioso administrativo contra Montesinos", señala la alcaldesa. Y es que el Consistorio entiende que la empresa se quedó con dinero que correspondía al municipio, procedente de la recaudación de tributos. "Entendemos que debe devolver un dinero que le corresponde al Ayuntamiento de San Bartolomé y eso está en un Juzgado", explica.
Un expediente "claro e impoluto"
"Hemos ido por la vía de apremio, por la vía ejecutiva y por todas las vías que tiene el proceso administrativo y todas las armas que tiene la administración para embargarle cuentas, bienes, etcétera", señala la alcaldesa. Respecto a las cifras, señala que hay facturas en litigio de entre 46.000 y 79.000 euros. "Hay varias causas. Por un lado, aquello que (la empresa de Montesinos) ha percibido por un servicio que no se ha prestado de forma adecuada y, por otro lado, la empresa reclama un dinero que no le debemos", señala, agregando que la cifra que reclama el Ayuntamiento en los tribunales está "en torno a unos 46.000 euros".
"Nosotros tenemos un expediente claro e impoluto sobre este tema, y es el que le hemos entregado" a los investigadores, señala la alcaldesa, en referencia a los documentos que reclamó la pasada semana la Policía Nacional en el Ayuntamiento.
En cuanto al tiempo que sí estuvo Motesinos trabajando para el Consistorio, María Dolores Corujo asegura que desconoce por qué se eligió a esta empresa o quién la contrató. "Yo puedo responder de la gestión que hemos hecho desde el 2007 hasta hoy", señala.
Anteriormente, la Alcaldía estaba en manos de Miguel Martín (CC) y, durante una parte de los años que se investigan, concretamente entre 2004 y 2007, Javier Betancort fue concejal de Hacienda, bajo las siglas del PP. Betancort fue detenido el martes de la pasada semana y en la madrugada del sábado quedó en libertad con cargos, imputado por presuntos delitos de malversación continuada de caudales públicos y prevaricación.
Javier Betancort entró al Ayuntamiento de San Bartolomé y a la Concejalía de Hacienda reemplazando a Cándido Reguera, que había ocupado ese puesto en los años anteriores, antes de abandonar el Ayuntamiento de San Bartolomé en 2004.
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