El senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, considera que las enmiendas introducidas en el proyecto de reforma de la Ley de Costas en la Cámara Alta abren posibilidades reales para ordenar algunos núcleos actualmente afectados por el deslinde de Costas y sus zonas de servidumbre, como es el caso de El Golfo o La Santa.
Además, Luzardo no descarta que pueda producirse una mejor adecuación a nuestra realidad durante el debate parlamentario pendiente para el próximo mes de abril así como en el posterior desarrollo de los reglamentos que exige la Ley.
Hasta el momento, dentro de las modificaciones admitidas, destaca aquella que posibilita la ordenación de los núcleos que, aunque no estuvieran clasificados de suelo urbano en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 1988, tuvieran tales características y cumplieran con alguno de los dos requisitos fundamentales: que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie.
Según el senador del Partido Popular, a partir de que se apruebe la nueva Ley, los Ayuntamientos afectados dispondrán de un plazo de tres meses para cursar la solicitud y presentar las certificaciones que acrediten que dichos núcleos cumplen con alguna de estas condiciones.
El representante de la isla en la Cámara Alta resalta además aquella parte del texto en la que se hace constar la distinción entre lo que son tramos naturales de playa de los que son propiamente urbanos, en los que sí se permitirá la celebración de eventos de interés turístico. De la misma forma, en las zonas de servidumbre que afectan a los puertos no habrá impedimento para que pueda desarrollarse actividad comercial y de restauración.
Luzardo, que reconoce un cierto sabor agridulce porque hasta el momento no se ha podido introducir ninguna excepción específica para Canarias, no duda en resaltar la importancia que tiene para muchos puntos del litoral de la isla el acuerdo por el que se establece una prórroga extraordinaria de hasta 75 años para las concesiones y también para quienes son titulares de un derecho de ocupación del dominio público marítimo terrestre.