Los tres detenidos este martes en Lanzarote, en el marco de una nueva causa judicial que investiga pagos presuntamente irregulares por parte de varias administraciones públicas, podrían pasar a disposición judicial este jueves, cuando se decidirá la situación en la que queda cada uno de ellos.
De momento, este miércoles continúan en dependencias policiales y, según la agencia ACN Press, sobre las 13 horas han comenzado a declarar en la Comisaría, ante los agentes de la Policía Nacional que están llevando esta investigación. Así, se espera que la detención se mantenga hasta el jueves, cuando deberán responder a las preguntas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife.
Los detenidos hasta el momento en esta causa son el interventor de los Ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Teguise, Carlos Sáenz, el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, y el presidente del Consejo Regulador del Vino y ex concejal de Hacienda de San Bartolomé, Javier Betancort.
Registros y documentación
Además de registrar durante horas la oficina de Intervención del Ayuntamiento de Arrecife, los agentes de la Policía Nacional también acudieron el martes a San Bartolomé en busca de documentación. Sin embargo, mientras en Arrecife se rastrean facturas de entre los años 2008 y 2011, en San Bartolomé la búsqueda estaría centrada entre los años 2002 y 2007. En la mayor parte de esa etapa, Javier Betancort fue concejal de Hacienda en el municipio, bajo las siglas del PP.
Según ACN Press, en este Ayuntamiento tan sólo figuraba un expediente de una de las empresas que se habían solicitado y se entregó a la Policía, el original y copia de dicho expediente.
En cuanto al Ayuntamiento de La Oliva, donde también acudió la Policía con una orden judicial, los expedientes que se buscaban se remontarían a varios años atrás. Tal como apuntó La Voz tras su detención, Carlos Sáenz era hasta hace cuatro años interventor de ese consistorio majorero, al que también ha llegado la investigación.
Los trabajadores de La Oliva que este martes atendieron los requerimientos de la Policía tuvieron que acudir al archivo para buscar los expedientes. Sin embargo, al parecer algunos documentos relacionados con los hechos que se investigan no fueron localizados, y la Policía ha dado un plazo de 48 horas al Ayuntamiento para que aporte esa documentación.
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