El Cabildo de Lanzarote, a través de los Centros de Arte Cultura y Turismo, paga cerca de 3.000 euros mensuales a Marina Rubicón por el alquiler de dos locales, en virtud del contrato firmado el pasado 1 de julio. Los locales son utilizados por Jason de Caires como taller para la elaboración de las esculturas que conformarán el museo submarino que la institución pretende instalar junto a este puerto deportivo, y que en realidad aún no cuenta con permiso de Costas.
Así, al margen del dinero que se está entregando a De Caires por la realización de ese proyecto, los Centros Turísticos también están pagando ya una suma mensual a los propietarios del puerto deportivo, que fue promovido por los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas. El hijo de Lasso y gerente del puerto, Rafael Lasso Lorenzo, fue quien firmó el contrato de alquiler en nombre de Marina Rubicón. Por su parte, en nombre de los Centros firmó José Juan Lorenzo, dándose la circunstancia de que ambos son primos.
En el contrato, los CACT no solo se comprometen a pagar 2.000 euros mensuales en concepto de alquiler de los locales más el IGIC (que supondría otros 390 euros más), sino también los "gastos de mantenimiento y conservación", a razón de 2,4 euros por metro cuadrado de local. Es decir, considerando que los locales que tienen 120 metros cuadrados cada uno, en total eso supone otro pago de 576 euros por ese "mantenimiento". "A efectos legales, el pago de gastos se asimila al pago de la renta" y "el impago determinará la resolución de pleno derecho del contrato", se estipula en el documento.
Pago del IBI y obras en el local
Además, en virtud de ese contrato entre los CACT y Marina Rubicón, la institución se compromete a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a esos dos locales, que se encontraban vacíos (al igual que muchos otros del puerto), hasta que fueron alquilados por los Centros para servir de taller a Jason de Caires
De hecho, en el contrato se deja claro que los locales se entregaron "en estado bruto de obra", correspondiendo también a la institución pública "proceder a la adaptación del mismo" y contratar y pagar tanto los equipamientos como las obras que sean necesarias en el local para iniciar la actividad. Además, el contrato también obliga a los Centros a contratar "un seguro multiriesgo y un seguro de responsabilidad civil frente a terceros".
El pago del agua y la luz también corresponde a los Centros Turísticos, que además en el contrato se comprometen a "mantener iluminado el escaparate de su local en las horas de funcionamiento del centro comercial, con independencia de que éste se encuentre abierto o cerrado". En el documento, se establece que el destino del local es el de "trabajo y exposición", por lo que ya estaría actuando como escaparate en las instalaciones del puerto.
Se compromete a hacer "publicidad" de Marina Rubicón
A todo esto, se suma otro apartado que obliga a la institución a hacer "publicidad" de Marina Rubicón por alquilarle esos locales. Concretamente, establece que es "condición esencial de este contrato que el arrendatario, en su publicidad, al referirse a su actividad, habrá de hacer mención a que se encuentra situado en el centro Marina Rubicón de forma que durante la elaboración del museo y mientras el artista tenga en La Marina su taller, se muestre públicamente el vínculo Marina-Artista-Museo Submarino".
En cuanto a la duración del contrato, se estipula que estará en vigor "por el tiempo necesario para la culminación del museo submarino y mientras sea necesario para el artista Jason de Caires, con un límite de 24 meses desde la fecha de firma del contrato", siempre que ambas partes no lleguen a otro acuerdo distinto. En caso de completarse esos dos años de uso de los locales, Marina Rubicón recibiría de los Centros Turísticos unos 72.000 euros, además de ahorrarse el pago del IBI de esos locales, que también sería abonado por la institución durante ese tiempo.
Proyecto polémico y sin permisos
El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote dio luz verde a este proyecto en octubre de 2014 y menos de un mes después el consejero delegado de la entidad, José Juan Lorenzo, firmó el contrato con Jason de Caires. Según anunciaron en su momento, este proyecto requerirá una inversión pública de 700.000 euros, que ya han empezado a desembolsarse en pagos a De Caires y también a Marina Rubicón. Sin embargo, casi un año después de la firma del contrato, el proyecto sigue sin tener permiso de Costas. De hecho, cuando se firmó ni siquiera se había solicitado aún.
Éste fue uno de los puntos que más polémica y críticas de la oposición despertó esta iniciativa, aunque no el único. En el caso de Alternativa Ciudadana, acusó también en su momento al grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote de "pervertir" el "espíritu de la red de los Centros" para "favorecer a unos pocos frente al interés general de Lanzarote". Se refería así a los propietarios de Marina Rubicón, ya que el museo submarino se va a instalar junto a esa propiedad, que podría verse directamente beneficiada por esta instalación.
A esto se suma la situación legal de este puerto, que la Fiscalía sostiene que se construyó de manera ilegal. De hecho, en su escrito de acusación del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, el fiscal pide que se declare nula la licencia. Además, uno de los delitos por los que se acusa en esa causa al ex alcalde, José Francisco Reyes, está relacionado con este puerto, ya que la Fiscalía considera que recibió una dádiva de unos 60.000 euros de los promotores del puerto, al no haberle cobrado el atraque de su embarcación en esas instalaciones durante ocho años.
En su escrito, el fiscal relaciona directamente este "regalo" con la concesión de la licencia del propio puerto deportivo, otorgada en marzo de 2003, pero también con las licencias hoteleras ilegales de Rosa. En el caso del puerto, la licencia fue solicitada por Rafael Lasso cuando las obras en realidad ya llevaban dos años y medio y estaban prácticamente terminadas, y se concedió sólo seis días después, pese a que el planeamiento en vigor entonces no contemplaba esa instalación.
