Los candidatos al Congreso y al Senado por el Partido Popular, Francisco Cabrera y Joel Delgado consideran prioritario reclamar la habilitación correspondiente para que Lanzarote cuente con técnicos para analizar las mercancías que llegan de terceros países y que en la actualidad deben pasar primero por Gran Canaria antes de entrar en nuestra isla. Un hecho que, según los populares, repercute en el precio final "encareciendo los productos".
"Si ya de por sí tenemos sobre nosotros la espada de Damocles de la doble insularidad, triple en el caso de La Graciosa, la ausencia de este servicio grava aún más el precio que deben pagar los consumidores por la cesta de la compra", señala Francisco Cabrera.
El candidato al Senado considera que "la habilitación del PIF para mercancías es fundamental ante la amenaza del Brexit y la salida de Reino Unido de la Unión Europa". "Es un país del que Lanzarote y Canarias en general importan un gran volumen de productos de origen animal y que con el Brexit quedaran fuera de la órbita comunitaria, por lo que obligatoriamente deberán pasar los controles previos pertinentes. Controles que actualmente se realizan en Gran Canaria y que igualmente es previsible que haya que reforzar", argumenta Delgado.
Y es que, los populares afirman que "si la ausencia de un puesto para la inspección de carne y otros productos de origen animal ya es un problema en sí mismo para las importaciones de terceros países, la inclusión del Reino Unido supondrá un mayor perjuicio que terminará repercutiendo en el encarecimiento de la cesta de la compra; en definitiva, en todos los consumidores".
"Preocupación" del empresariado local
"La creación del PIF fue durante años una dura batalla y ahora tenemos por delante otro reto muy importante", apuntan los candidatos del Partido Popular, que afirman haber constatado "la preocupación que existe entre el empresariado local por este asunto".
"Tenemos que evitar que los productos se tengan que embarcar y desembarcar varias veces en distintos puertos porque pierden competitividad y termina gravando el coste final que paga el consumidor. Es incomprensible que en estos momentos se tenga que realizar toda esta operativa cuando hay líneas marítimas directas con el puerto de Arrecife", concluyen.