Mario Pérez ha explicado que esa delegación de competencias será posible en los casos en los que "no se realice una verdadera labor de ordenación, sino un mero acto administrativo" y afectará "únicamente a aquellas calificaciones que no entrañen impacto medioambiental alguno".Pero este argumento no ha convencido a los socialistas, que tachan de intolerable que se cedan estas competencias a "alcaldes denunciados por delitos contra la ordenación del territorio". Aseguran que esta medida "facilitará las extracciones ilegales de tierra vegetal y de rofe" y concluyen que Coalición Canaria "afloja" el control sobre el suelo rústico.
Según señaló Carlos Espino, "sorprende que se concedan esas atribuciones a alcaldes como Miguel Martín, sancionado con más de trescientos mil euros por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por construcciones ilegales en suelo rústico, en el municipio que se supone que controla Jesús Machín. O que Juan Pedro Hernández, que se negaba a entregar las licencias turísticas y que no ha sido capaz de controlar la polémica obra de Los Valles, sea ahora el que autorice movimientos de tierras".
Por su parte, el consejero Mario Pérez aclaró que los Ayuntamientos sólo podrán pronunciarse sobre la calificación del suelo en los casos de cerramiento, segregaciones, modificaciones y división de fincas, movimientos de tierras o en la mejora y mantenimiento de caminos agrícolas sin asfaltar. Asegura que con esta medida se "agilizarán los trámites a realizar por los ciudadanos". Según Francisco Cabrera, consejero del PP, en el Cabildo hay más de seiscientos expedientes de solicitudes presentados por agricultores, a los que no se les da salida y "llevan meses de retraso". Pero los socialistas creen que la solución para "dar respuesta al ciudadano es ampliar la plantilla de la Oficina del Plan Insular", algo que aseguran que "Coalición Canaria ha torpedeado constantemente".
Por su parte el Partido Popular, aunque planteó sus dudas sobre la delegación de competencias, votó a favor pero propuso que la medida no suponga la creación de nuevos caminos agrícolas ni la modificación del trazado de los que ya existen y además, solicitó que los movimientos de tierra a los que los ayuntamientos den su visto bueno "en ningún caso afecten sustancialmente la morfología de los terrenos y den cuenta de ello a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias".