Las 14 viviendas ilegales de La Bufona, sobre las que pesa una orden de demolición por ocupar suelo rústico de protección, han "desaparecido" del Catastro. La inscripción de estas viviendas fue denunciada en su día por la familia Murillo, que lleva años pleiteando en los tribunales para demostrar que esas casas se levantaron sobre suelo de su propiedad.
En el año 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de esas viviendas en el Catastro, concluyendo entre otras cosas que se habían registrado sobre "una calle ficticia". Concretamente, figuran inscritas en la calle Chubasquillo, cuando la única calle que existe, y en la que realmente se asientan, es la calle Chabusquillo. Sin embargo, esa sentencia no se llegó a ejecutar, pese a los reiterados requerimientos de la familia Murillo a la Gerencia del Catastro.
Finalmente, el pasado 5 de mayo Gonzalo Murillo dirigió un nuevo escrito a la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias, alertando de que se había producido "otra modificación catastral" en la Bufona. Según sostenía en ese escrito, el cambio afectaba solo a la vivienda de la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, cuya parcela pasaba a ser al completo "de uso residencial".
Hasta entonces, las viviendas aparecían parte en suelo residencial y otra parte (la correspondiente a un terreno trasero donde se ubican entre otras cosas las piscinas) en suelo rústico de protección. Sin embargo, Murillo sostenía que la de la dirigente popular se había modificado y subrayaba que era "la única" que "se había visto beneficiada de una alteración catastral". "No alcanzo a entender cómo nuevamente se ha podido alterar una finca catastral de mi titularidad, sin comunicármelo la Gerencia de Catastro de Las Palmas y sin darme audiencia en el expediente administrativo", señalaba Gonzalo Murillo, que advertía incluso de la posible existencia de un "delito".
Pocos días después, en la base de datos electrónica del Catastro, que puede consultarse por Internet, dejaron de aparecer esas casas. Actualmente, en esa base no aparece ninguna de las 14 viviendas afectadas de La Bufona. Así, se podría haber dado cumplimiento tres años después al fallo judicial del TSJC, que en 2013 ordenó anular esas inscripciones catastrales.
Inscripción tardía y en una calle "ficticia"
Hasta que se produjo la inscripción en el Catastro en el año 2008, los compradores de esas viviendas no pagaron los correspondientes impuestos por esas propiedades, tal como se puso de relieve en el juicio penal celebrado a finales de 2015 contra los promotores de la urbanización. Tras el juicio, celebrado ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, el promotor Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro fueron condenados por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Además, esa sentencia ordenó la demolición parcial de 14 viviendas levantadas en ese plan parcial, al considerar probado que se ocupó suelo rústico de valor natural ecológico. Esta decisión judicial, recurrida por los promotores, se suma a la orden de derribo que ya había dictado también la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Actualmente, esa resolución está pendiente también de los recursos que presentaron, en este caso los compradores de las viviendas, en la vía contencioso administrativa.
Paralelamente, la familia Murillo mantiene abiertos otros frentes en los tribunales y en la vía administrativa, con los que pretende que se les reconozca como verdaderos titulares de los terrenos que se ocuparon para levantar esas casas.
