El Cabildo de Lanzarote podrá recoger la documentación, gestionar e incluso expedir el carné de familia numerosa gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y la institución insular. Así lo ha explicado la consejera del área del Ejecutivo canario, Cristina Valido, que ha señalado que los servicios jurídicos de la Consejería que dirige ya han "informado positivamente" sobre este convenio.
Según ha reconocido, Lanzarote es una de las islas que "acumula una mayor lista de espera", junto con Fuerteventura y los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Con el cabildo majorero y los ayuntamientos de ambas localidades de Gran Canaria, se está tramitando también un convenio para que puedan realizar este trámite.
Los retrasos para obtener esta documentación han venido generando quejas de las familias afectadas, tal como publicó La Voz. Al no obtener el carné acreditativo, estas personas no pueden acogerse a determinadas ayudas ni beneficiarse de descuentos habilitados para este colectivo, por lo que ese "retraso" afecta de forma negativa en la economía familiar, según exponía uno de los afectados.
La representante del Ejecutivo canario ha anunciado, en el Parlamento autonómico, que el pasado 16 febrero se incorporaron cinco trabajadores al servicio que gestiona el carné de familia numerosa y que además esperan "contar con otras seis personas más, en breves fechas". En este sentido, ha asegurado que se está poniendo en marcha el Plan de Choque que anunció para paliar este problema.
Elaboración del Plan de Choque
Valido ha asegurado que el mismo día que tomó posesión se reunió con los trabajadores de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y que esa misma semana también lo hizo con las asociaciones de Familias Numerosas para elaborar ese Plan de Choque que incluyera varias medidas. Entre éstas se encontraba la ampliación del personal que realiza el trámite para la obtención del carné.
El 23 de enero se publicó una Orden de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en base al artículo 54 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la cual se permitía la contratación de personal laboral temporal para cubrir las urgencias de aquellos sectores prioritarios, como en este caso es el de la protección a la infancia.