No ha habido nuevos registros, ni precintos, ni grandes despliegues policiales, pero los agentes de la UCO siguen buscando información y nuevas pistas en Lanzarote, para poder atar todos los cabos en una de las mayores operaciones judiciales abiertas en España. Uno de sus últimos pasos les llevó la pasada semana al Ayuntamiento de Teguise, donde los agentes reclamaron diversa documentación.
Aunque poco trascendido de esta visita, similar a las que en el último año y medio han realizado y se siguen llevando a cabo de forma "silenciosa" a distintas instituciones y entidades de la isla, lo que buscaba la UCO podría tener relación, más que con la gestión actual, con la histórica. La que ha ligado durante años a ese municipio con la figura de Dimas Martín, que es el principal imputado hasta el momento en la causa.
Tras la segunda fase del caso "Unión", bautizada como "Operación Jable", el líder histórico del PIL volvió a ser detenido en la cárcel de Tahíche, esta vez imputado por nuevos delitos. Entre ellos, blanqueo de capitales, del que también se acusa a algunos miembros de su familia y a empresarios que llegaron a ser detenidos incluso en Andalucía. Y es que en su investigación, la UCO localizó un presunto patrimonio de más de ocho millones y medio de euros (1.400 millones de las antiguas pesetas) que, supuestamente, Dimas Martín habría ocultado a la Justicia a través de unas 50 propiedades a nombre de terceras personas.
Y ese dinero no procedería sólo de los presuntos delitos de cohecho que se le imputan en esta causa, y que se centran sobre todo en los últimos años, cuando ya ni siquiera era cargo público pero seguía dando instrucciones a sus compañeros de partido desde la cárcel. Su fortuna supuestamente ilícita se habría amasado en años, e incluso décadas, anteriores, desde que empezó a extender su poder en la isla desde el municipio de Teguise.
Comisión de servicios
Mientras los agentes de la UCO continúan rastreando información en la isla, el magistrado César Romero Pamparacuatro ya está en comisión de servicios para continuar al frente de la causa. Y es que aunque hace más de dos semanas dejó el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, y hasta este viernes no se incorpora a un nuevo destino en Tenerife, en los últimos días ha estado acudiendo al Palacio de Justicia lanzaroteño, para seguir adelante con el caso "Unión".
Desde que en abril de este año se produjeron las últimas detenciones, la causa no ha dado nuevos sobresaltos, aunque con el fin del verano podrían retomarse las declaraciones de imputados que continúan pendientes, y tampoco se descartan nuevas imputaciones o incluso detenciones antes de que termine el año.
En principio, la comisión de servicios que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia autorizaron tiene un plazo de tres meses, pero será imposible terminar la instrucción en ese tiempo, por lo que el magistrado tendrá que solicitar una nueva prórroga para terminar con una causa que, en cada paso que ha dado hasta ahora, ha ido encontrando nuevos frentes.