"Entendemos que este perito (o testigo) faltó groseramente a la verdad, por lo que estamos en la obligación de deducir testimonio por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia". Eso es lo que ha ordenado la Audiencia Provincial en la sentencia de la pieza 13 del caso Unión, por los pagos a Proselan por trabajos no realizados. Así, además de condenar a los cuatro acusados, pide abrir ahora diligencias contra una de las personas que declaró en el juicio.
El supuesto "perito" aportado por la defensa, José Manuel Padillo Rivadimar, en realidad no emitió ningún informe dentro de esta causa, y tampoco lo había realizado previamente. Sin embargo, en el juicio aseguró tener constancia de que la empresa de José Daniel Hernández había realizado los trabajos de electricidad por los que cobró más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife.
Según declaró en el juicio, él "verificó el presupuesto y la obra" de Proselan en los distintos barrios con motivo de las fiestas. Sin embargo, explicó que no lo hizo por encargo del Ayuntamiento, sino de la propia empresa. "¿Pero vio que se habían ejecutado?", le preguntó durante la vista uno de los jueces de la Audiencia, Carlos Vielba, que también es el ponente de la sentencia. "Sí, sí, en esos años iba yo a Lanzarote", respondió Padillo, que no reside en la isla. "¿Iba usted a las fiestas?", insistió el magistrado. "He ido a los barrios", contestó. Tras varias preguntas más de este juez pidiendo detalles, incluso el magistrado que preside la sala se dirigió al perito de la defensa.
"¿Cómo es que usted acudía a esas fiestas, tenía algún encargo del Ayuntamiento?", le preguntó, a lo que Padillo respondió que "tenía el encargo del instalador, de verificar el presupuesto". A continuación, el juez volvió a preguntar si el empresario le pagó "alguna cantidad" por realizar esa labor. "No, tenía otra relación con él y no tenía que abonarme nada por eso", contestó.
El "valiente perito"
Al presentar sus conclusiones en el juicio, el fiscal Ignacio Stampa se refirió hasta en dos ocasiones a él como el "valiente perito" de la defensa, por varias de las afirmaciones que realizó durante su declaración. De hecho, fue el único testimonio que se escuchó durante las tres jornadas de vista oral (más allá del de tres de los acusados), asegurando que los trabajos sí se habían realizado. Ni un solo trabajador o cargo del Ayuntamiento, ni un solo empleado de la empresa que hubiera intervenido en esos supuestos trabajos. Nadie más declaró que se hubiera prestado algún servicio, pese a que José Daniel Hernández cobró unos 45.000 euros por cada una de las fiestas en las que supuestamente realizó labores de refuerzo en las líneas de electricidad.
La sentencia subraya que "sin haber efectuado informe alguno", José Manuel Padillo afirmó por un lado que los presupuestos aportados por los acusados durante el juicio, y que no constaban oficialmente en el Ayuntamiento, "son conformes a la realidad y que él en persona vio cómo se ejecutaba la instalación". Respecto al hecho de que afirmara que supervisó esos supuestos trabajos "porque así se lo pidió el instalador como prueba de obra", la sentencia concluye que eso supondría que el supuesto encargo se realizó "a manera de coartada".
Además, subraya el hecho de que Padillo hiciera esa labor "sin que se le abonara cantidad alguna". "Hemos de suponer que también verificó la extraña partida de vigilancia nocturna", añade la sentencia, en referencia a una partida de 3.000 euros que figura en cada uno de los presupuestos. "Y cuando se le preguntó sobre las fiestas de Argana Baja, celebradas en el centro sociocultural, se limitó a señalar que verificó instalaciones exteriores", agrega la Audiencia, que añade que en este caso, además, el montaje era "innecesario", dado que esas fiestas no se celebran en la calle. De hecho, tienen un modesto programa de actos y los eventos transcurren en el interior del centro sociocultural, donde los técnicos del Ayuntamiento confirmaron que no es necesario realizar ninguna obra de electricidad cuando llegan las fiestas.
Un supuesto refuerzo en las líneas del que ni Endesa tenía constancia
Mientras distintos técnicos del Ayuntamiento declararon que los trabajos por los que cobró José Daniel Hernández corrieron en realidad a cargo de otras empresas (en el caso del Carnaval) o de los propios trabajadores del Consistorio (en el caso de las otras cuatro fiestas), las defensas alegaron que lo que se realizó por parte de José Daniel Hernández no es lo que figura en las facturas, sino lo que aparece en los presupuestos (unos presupuestos que no constaban registrados en el Ayuntamiento y que los acusados presentaron durante la instrucción de esta causa).
Con esa afirmación, pretendían sostener que esos trabajos no tenían nada que ver con los que realizaba el propio personal del Ayuntamiento (u otras empresas en el caso del Carnaval). Según los acusados, y según este "perito" de la defensa, lo que hizo la empresa (sin empleados) de José Daniel Hernández fueron trabajos para reforzar las líneas de electricidad con motivo de las fiestas. Unos trabajos que según ellos se montaban y luego se desmontaban, cargando dos facturas distintas por cada uno de esos conceptos.
Sin embargo, tampoco hay ninguna constancia de la necesidad de ese supuesto refuerzo de las líneas, ni tampoco de comunicaciones con Endesa sobre este tema. Al respecto, el "perito" de la defensa también aseguró que "no era necesario el consentimiento" de la compañía eléctrica para realizar esos supuestos trabajos de refuerzo en las líneas. Ahora, su declaración será investigada en una nueva causa, ya que según la Audiencia podría haber incurrido en un delito al "faltar groseramente a la verdad".