La Plataforma Stop al Tratado de Libre Comercio e Inversiones de Lanzarote ha convocado este sábado una protesta. Se suma así al Día de Acción Global contra el TTIP que aglutinará concentraciones contra el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea en toda Europa. Formaciones políticas como Somos Lanzarote o Podemos y asociaciones como el Frente Cívico Lanzarote o la Asociación Cultural Árabe Latina ya han confirmado que acudirán a la convocatoria.
En esta manifestación, que tendrá lugar a las 12.00 horas frente al Cabildo Viejo en la calle Real de Arrecife, la Plataforma pretende "rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP" y reivindicar "un debate político transparente y democrático". Tanto la Plataforma en Lanzarote como múltiples colectivos y organizaciones en toda Europa han mostrado su preocupación por el "secretismo" de las negociaciones del acuerdo.
En su convocatoria, la Plataforma STOP al TTIP destaca que los movimientos sociales y colectivos se unen este sábado "por las diversas amenazas que se plantean" con el tratado. El acuerdo "tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico", señalan. Sin embargo, temen que "socave la soberanía nacional y el interés público".
Negociaciones a puerta cerrada y documentos en una caja acorazada
Este colectivo denuncia que "las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada sin una consulta pública efectiva". Aseguran que "los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación". Además, critican que "los documentos se guardan en una caja acorazada en Bruselas y los parlamentarios europeos que tienen acceso a los mismos no pueden tomar notas ni entrar con teléfono a la sala, el secretismo es total", algo de lo que diversos medios nacionales e internacionales se hicieron eco recientemente a raíz de las denuncias de algunos eurodiputados.
A la Plataforma le preocupa también el capítulo sobre protección de inversiones, el ISDS, "por el cual cualquier empresa multinacional" podrá impugnar "una decisión democrática tomada por los Parlamentos de los Estados si consideran que puede tener impactos negativos sobre sus beneficios presentes o futuros, socavando así la soberanía nacional y el interés público". Critican, además, que el Consejo de Cooperación Regulatoria "no ha sido elegido por las instituciones democráticas" y que "permitirá a los lobbies empresariales rebajar normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos independientemente de su necesidad y del mando público".
Ante ello, demandan "transparencia inmediata", la "promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la agricultura familiar" y rechazan la "rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público", la "privatización de los servicios públicos por desregulación".