S.G. / ACN Press
La nueva pieza que ha separado la jueza del caso Unión, Lucía Barrancos, tiene un total de 35 imputados, entre cargos públicos y militantes del PIL, funcionarios y empresarios. Muchos de ellos fueron detenidos en la Operación "Unión" o la Operación "Jable", y de la mayoría había trascendido ya su imputación en esta causa.
En esta pieza se persiguen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, exacciones ilegales y otros, en relación con los expedientes municipales relacionados con empresarios, pero también se incluyen delitos contra la administración pública, como prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, abuso de información privilegiada y delitos electorales.
La juez no incluye el delito de asociación ilícita, como había incluido el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, aunque habla de "la reiteración continuada de tales conductas y el nivel de organización y de distribución de roles entre todos los participantes" y considera que existe una trama de coparticipación delictiva, cuyo nexo de unión era el PIL y el Ayuntamiento de Arrecife.
Señala el auto que "indiciaria y provisionalmente ha quedado acreditado que un grupo de concejales del Ayuntamiento de Arrecife pertenecientes al PIL y actuando bajo las órdenes de Dimas Martín Martín, fundamentalmente durante los años 2007 a 2009, pero también desde 2005, habrían exigido comisiones ilegales por la adjudicación de expedientes de contratación, principalmente desde la concejalía de parques y jardines, o como condición previa al abono de las facturas por servicios ya prestados".
El auto habla de otras decisiones de los cargos públicos para forzar a los empresarios al pago de comisiones. Entre esas decisiones estarían el retraso en una orden de pago por parte del concejal de hacienda, la concesión de una licencia por parte del concejal de urbanismo o la inclusión de un terreno en el futuro Plan General.
El dinero recaudado ilícitamente tendría tres destinos: una parte "habría sido destinado a engrosar un presupuesto paralelo o caja B del Ayuntamiento de Arrecife", otra "a la financiación ilegal del PIL, al que pertenecen o al que están ligados la mayoría de los partícipes en esta actividad delictiva" y otra "al lucro personal de los propios componentes de la trama corrupta".
En la cúspide de esta trama delictiva estaría Dimas Martín, que según la tesis de la UCO, "habría actuado como ascendiente absoluto y total sobre el resto de miembros de la trama de coparticipación delictiva, todos los cuales considerarían sin excepción que deben su puesto político o cargo público al que fuera fundador del partido. Por este motivo habrían mantenido con él una total relación de subordinación, consultándole cada paso que daban y atendiendo con prontitud todas sus órdenes".
Según la jueza, Dimas Martín era el destinatario de una parte de las comisiones ilegales, además de la persona que daba órdenes precisas a los cargos públicos para que retrasasen las órdenes de pago de las deudas que el Ayuntamiento de Arrecife pudiera tener con los empresarios como forma de forzar a éstos al pago de las comisiones o influyendo sobre los mismos para que adjudicasen los servicios a las empresas que pagaban las comisiones.
La jueza dice que "también sería destacable la participación que Juan Rafael Arrocha habría podido tener como Jefe de la Oficina Técnica, informando favorablemente aquellas ofertas o pliegos presentados por empresarios que pretendían obtener las adjudicaciones de contratos a cambio del abono de las comisiones exigidas".
En la trama, la mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, habría actuado como recaudador, mientras que Dayrán Jesús Muñoz Armas, de las juventudes del PIL y Segundo rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo por el PSOE, serían los conseguidores, cuyo papel sería el de buscar empresarios dispuestos a pagar alguna comisión. Los cargos públicos serían los responsables de llevar a cabo esas decisiones.
En el auto aparecen personas que no se sabía que estaban imputadas hasta ahora. Se imputa finalmente a 36 personas, 14 de ellas como cargos públicos o relacionadas con el PIL y a 21 empresarios.
LISTADO DE IMPUTADOS
Cargos públicos o personas relacionadas con el PIL:
Dimas Martín Martín
Ubaldo Becerra Robayna, (como Teniente de Alcalde y Concejal del Plan General del Ayuntamiento de Arrecife)
José Miguel Rodríguez Sánchez (como Concejal de Hacienda y de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife)
Antonio Jerónimo Machín Ramos (como Concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife)
María Luisa Blanco Carballo (como Concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife)
Juan Rafael Arrocha Arrocha (como Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife)
María Elena Martín Martín (como Jefa del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife)
María José Docal Serrano (como Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote)
Remigio Joel Delgado Cáceres (como Concejal del Ayuntamiento de Arrecife)
Matías Curbelo Luzardo (ex Administrador de la campaña electoral del PIL en el año 2007)
Segundo Rodríguez (persona de confianza de Dimas Martín Martín)
Dayrán Jesús Muñoz Armas (persona de confianza de Dimas Martín Martín)
Alfredo Santiago Rodríguez Pérez (persona que recogió materialmente la comisión exigida al señor Castellano).
Celso Betancort Delgado (ex Concejal del Ayuntamiento de Arrecife y ex presidente del Partido de Independientes de Lanzarote)
Empresarios:
Antonio Gómez Ruiz (Estudio de arquitectura paisajista La Palmita, S.L.)
Jesús Manuel Martín Brito (INFOGELAN Fontanería, S.L.)
Daniel Yeray Cañada Tribaldo (Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, S.L.)
Manuel Gregorio Reina Fabre (Construcciones Reina, S.L.)
Francisco Javier Armas López (HORINSA, S.L.)
Eduardo Ferrer Cabrera (Tecnosound Canarias, S.L.)
Demetrio Rodríguez Robayna (Lanzagrava, S.L.)
Antonio Cárdenas Carrillo (ENAC Ingenieros y Consultores, S.L.)
José Luis Betancort Acosta (TorresCL, S.L.)
Jorge Ramón Álvarez Pérez (Canarias de Limpieza Urbana S.A.)
María José García Acosta (Opciones Creativas, S.L.)
Juan Jesús Acuña Borges (Herederos de Juan Acuña, S.L.)
Pedro Manuel Rodríguez García (Naos Iluminación, S.L.)
Samuel Jesús Lemes Macías (SAMYER, S.L.)
Ginés Parrilla Curbelo (J. Parrilla, S.A.)
Manuel Arbelo Pérez (Tinguatón Ferreterias S.L y Tinguatón S.L.)
Juan Francisco Rosa Marrero (Galerías Rosa, S.L. entre otras)
Fermín Curbelo Perdomo (CURBELANZ, S.L.)
Carlos Morales Quintana (arquitecto y primo de D. Ubaldo Becerra Robayna)
Víctor Alberto Sánchez Martín (arquitecto)
José María Pérez Sánchez (arquitecto)
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