El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, defendió la iniciativa y expresó su convicción de que los fines del proyecto son ahora "más oportunos y necesarios" que hace unos meses. Tras concluir el debate, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, solicitó intervenir y aludió al proyecto como importante por ser estratégico para Canarias y que requiere del máximo trabajo para intentar conseguir unidad política y social.
"No ha sido posible el entendimiento en esta fase previa, pero sigue intacta la oferta de consenso a la oposición, porque es un proyecto que busca medidas estructurales para diversificar la economía, impulsar los sectores primario e industrial, las medidas renovables y el turismo de calidad sin consumir más suelo", expresó. Aseguró que el Gobierno pretende seguir trabajando con Fecam y Fecai para llegar a acuerdos y mantiene la oferta de trabajo conjunto con los tres grupos parlamentarios para habilitar si fuera necesario el mes de febrero "para alcanzar una ley de máximo consenso en Canarias", como propuso en su intervención el grupo Socialista.
INVITACIÓN AL CONSENSO
En la defensa del proyecto, Domingo Berriel apostó por eliminar los inconvenientes que dificultan el desarrollo de las actividades productivas y afirmó que en el turismo se hace necesario cumplir las previsiones de los ritmos de crecimiento de las plazas, así como corregir determinadas imprecisiones de la actual regulación. En esta línea, habló de la necesidad de adoptar la cautela jurídica adecuada para contener la ocupación de suelo por las edificaciones turísticas y mejorar la competitividad del sector mediante la rehabilitación de la planta alojativa y con los medios de planeamiento que sean necesarios.
Explicó además que el proyecto no sólo apunta a la dinamización sectorial y regulación del turismo, sino también a los plazos de adaptación a la normativa de planeamiento territorial. El consejero destacó los datos del periodo 2000-2007 en materia de medio rural y empleo por sectores, de lo que concluyó que, pese a la incentivación de las normas económicas, el crecimiento real está siendo "muy tímido".
El consejero afirmó que lo prevalente en la norma es el interés general que se persigue y destacó la prohibición en los próximos cinco años de clasificar nuevos suelos con destino turístico. La iniciativa, subrayó, "da respuesta a la problemática territorial más acuciante planteada por el sector primario, industrial y de servicios y, pese a la urgencia dada por el Gobierno al proyecto, no ha sido óbice para buscar la mayor participación pública en el procedimiento". También remarco que el proyecto no invade competencias de los agentes locales, "nada más lejos de la realidad", y reiteró la apuesta del Gobierno por lograr un consenso "sin desvirtuar el texto".
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PSC
Manuel Fajardo Palarea defendió la enmienda a la totalidad del PSC y dijo que en las últimas semanas, el PSC ha mantenido un diálogo con los agentes involucrados, "haciendo una tarea que le corresponde al Gobierno". Esta ronda de consultas, indicó, ha permitido conocer los problemas existentes y la "oposición prácticamente unánime al proyecto, lo que le quita toda legitimidad política a la iniciativa".
Fajardo indicó que el Gobierno "parece el único que no se da cuenta de la desnudez de este proyecto, que presenta medidas inadecuadas" para solucionar los problemas que aquejan a los sectores que aborda. El diputado criticó que se hayan considerado "urgentes" las medidas que plantea el proyecto, "que en realidad son apresuradas pero disfrazadas bajo ese adjetivo". En este sentido, precisó que lo que se pretende con el proyecto es acometer ahora los asuntos sobre los que los Gobiernos de CC-PP no han trabajado, y por eso ha tenido este "estrambótico resultado".
La tramitación previa, sostuvo, "apenas sirvió para pulir sus impurezas", y criticó el "monólogo de prepotencia y autosuficiencia" del Gobierno al no haber contado con los agentes. Manuel Fajardo acusó al Ejecutivo de haber "roto las reglas del juego al actuar de manera unilateral y romper el diálogo con la oposición, así como con los agentes sociales".
El PSC consideró que el proyecto tergiversa la realidad en vez de reflejarla, es una "agresión" a la autonomía de los cabildos y de los ayuntamientos, pretende "cargarse" la moratoria turística y cuenta con el "rechazo generalizado" de los principales operadores jurídicos y de los agentes económicos y sociales. Habló de una patente desviación de los principios de sostenibilidad y de los de transparencia de las administraciones públicas. Sobre la "agresión" a las instituciones locales, aseguró que a muchas de ellas les "preocupa" esta ley "y no sólo piden su retirada las gobernadas por el PSOE, sino también por PP y CC".
Manuel Fajardo dijo, sobre la moratoria, que no ha sido fruto de un capricho sino de una reflexión de la sociedad canaria, que quiso poner límite al crecimiento de la oferta alojativa. Indicó que no ha significado un crecimiento cero, sino acorde a la capacidad de cada isla y bajo unos criterios de calidad. "El rechazo es absoluto y el proyecto no supondrá una simplificación, sino una complicación considerable", expresó Fajardo, quien recordó unas palabras del artista César Manrique sobre el cuidado del espacio del que pueden disfrutar los ciudadanos y sobre la posibilidad de rectificar en las decisiones que se adoptan desde las instituciones públicas. "Les ofrecemos que retiren el proyecto y que retomen un gran pacto por el territorio, por el medio ambiente, por la sostenibilidad", dijo el diputado.
APOYO DE CC Y PP
Por su parte, José Miguel González, de CC, rechazó la enmienda por su "carencia absoluta de fundamento" y calificó de "irresponsables" a los socialistas por sus manifestaciones. González sostuvo que lo propuesto en la Ley sí es compartido por los agentes sociales y abogó por que predomine el interés general frente a los intereses parciales. Remarcó que CC y PP también han mantenido reuniones con los distintos sectores para buscar el máximo consenso.
El diputado defendió las medidas de simplificación administrativa que contiene el proyecto y la mayor seguridad jurídica que aporta, negó que se produzca una agresión a la autonomía de los cabildos y ayuntamientos y criticó que el PSC diga que persigue "cargarse" la moratoria. "El proyecto de ley sí que opera una importante simplificación de la burocracia", destacó González.
Mientras, Jorge Blanco, del PP, valoró la "vocación de permanencia" de esta Ley que, afirmó, "puede ser buena para todas" y contempla "cambios radicales" que serán beneficiosos. Indicó que no se clasificarán nuevos suelos para uso turístico en los próximos cinco años, "aunque mañana el PSC dirá lo contrario y nos acusará de ser los depredadores del territorio".
Blanco afirmó que el proyecto realiza determinados ajustes necesarios para dinamizar ciertos sectores productivos que se han quedado atrás por culpa de la rigidez reglamentaria. "No podemos pasar a la historia como que, conocimiento un problema, no hemos hecho nada por resolverlo. No podemos permanecer impasibles, porque las generaciones futuras nos lo demandarán", dijo.
ESTRUCTURA DE LA NORMA
El proyecto de Ley de Medidas Urgentes presentado por el Ejecutivo incluye dos apartados, uno relativo a la revisión de la moratoria turística contenida en la ley de Directrices y otro sobre ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, en el que se incluyen medidas para agilizar y simplificar los trámites administrativos sobre planeamiento territorial y relativas a la actividad agropecuaria.
Sobre el primero de los apartados, unos de los puntos que ha suscitado más polémica es la posibilidad de autorizar la construcción de hoteles de cinco estrellas con el requisito de que dediquen su actividad a la formación (hoteles escuela) y de que al menos el 60 por ciento de la plantilla proceda de ofertas de empleo vinculadas a la Estrategia de Empleo de Canarias. Mientras, el proyecto suprime la fórmula contemplada en la moratoria de ligar las autorizaciones para que la construcción de nuevos establecimientos alojativos a proyectos excepcionales, declarados de interés general por el Parlamento canario.
El Gobierno canario sostiene que esta medida persigue la mejora de la formación y la generación de empleo estable, mejorar la oferta turística de calidad, así como incentivar la producción ante la "crisis económica profunda en la que estamos inmersos". Además, el Ejecutivo insiste en su compromiso con la renovación de la planta alojativa y en que la posible construcción de estos hoteles no ocuparán más territorio, porque una de las condiciones "absolutamente tajantes" es que tienen que estar situados en suelo ya clasificado como turístico. El texto también prohíbe la incorporación de más suelo turístico al planeamiento en los próximos cinco años.
En el apartado relativo a la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, el Ejecutivo explica que se contemplan acciones para racionalizar y simplificar en los trámites administrativos en el planeamiento, y se incluyen medidas para facilitar la labor del sector primario, como las previstas para la regulación de explotaciones ganaderas que actualmente están en situación alegal. También prevé facilitar la implantación en suelo rústico de equipamientos como centros sanitarios, educativos o sociosanitarios, cuya ocupación territorial tendrá que ser declarada de interés general por el Gobierno canario.
ACN Press