Política

La Junta General del Consorcio del Agua descarta la liquidación de Inalsa y pretende devolver la viabilidad económica a la empresa

La Asamblea General del Consorcio del Agua, reunida este martes en el Cabildo de Lanzarote, ha acordado continuar con la hoja de ruta establecida en su momento y que pretende devolver la viabilidad económica a ...

La Junta General del Consorcio del Agua descarta la liquidación de Inalsa y pretende devolver la viabilidad económica a la empresa

La Asamblea General del Consorcio del Agua, reunida este martes en el Cabildo de Lanzarote, ha acordado continuar con la hoja de ruta establecida en su momento y que pretende devolver la viabilidad económica a Inalsa. Por tanto, ha descartado la liquidación de la empresa pública de agua, según ha informado a través de un comunicado.

Para ello, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha expuesto ante el resto de los miembros del Consorcio cuál es la situación actual del proceso concursal que afecta a la entidad. Así, ha presentado un borrador de las diferentes propuestas alternativas de convenios, planteadas por los servicios jurídicos del Consorcio e Inalsa para alcanzar acuerdos de pago con los acreedores.

Los miembros del Consorcio tendrán hasta el próximo mes de enero para estudiar el mencionado borrador, "pues la idea es convocar nuevamente la Asamblea a principios del 2012 para adoptar alguna decisión al respecto que trasladar al juez de lo mercantil y a los acreedores", según ha dicho el presidente. Además, San Ginés ha reafirmado su voluntad de decantarse, de entre ellas, por la que mantengan "el 100 por cien de Inalsa bajo propiedad pública".

Por otra parte, los miembros del Consorcio han dado su visto bueno a la propuesta de los administradores concursales de Inalsa de nombrar a la entidad Luján Auditores S.L auditor de cuentas para la verificación de las mismas de los próximos ejercicios.

Sin embargo, la Asamblea ha rechazado las cuentas de Inalsa correspondientes a 2009, presentadas por los administradores concursales, "al considerar que, entre otras razones, ni la valoración de los activos de la empresa pública se corresponde con los propios documentos elaborados por los administradores, ni los honorarios que perciben con lo fijado por la justicia".