El auto que pone fin a la instrucción de la pieza número 12 del caso Unión ha supuesto también el archivo de las actuaciones contra cinco de los 20 imputados en esa pieza. De ellos, cuatro habían sido señalados por el que fuera mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, cuando tras su detención confesó los delitos que se le imputaban e implicó también a otras personas.
Aquella declaración abrió nuevos frentes de investigación, que en algunos casos dieron frutos al hallar más indicios que confirmaron lo denunciado por Curbelo, y en otros no. Ése es el caso de Eduardo Ferrer, Daniel Yeray Cañada, María José Docal y Francisco Armas. Sobre todos ellos, la juez Silvia Muñoz ha acordado ahora el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones, al no haber quedado "debidamente justificada su participación" en los presuntos delitos que se investigaban.
Además, la juez también levanta la imputación al ex director del Centro Penitenciario de Tahíche, Joaquín Herrera Fragiel. En su caso, la investigación se inició por las conversaciones telefónicas que mantuvo con Dimas Martín cuando éste tenía el teléfono intervenido por la UCO por orden judicial. En esas conversaciones, Herrera hablaba con Dimas (que en ese momento disfrutaba del tercer grado) de los nuevos beneficios penitenciarios que iba a solicitar para él, como la pulsera que le permitiría dejar de ir también a dormir a prisión. En esas conversaciones, a su vez, Dimas Martín le hablaba de la posibilidad de conseguirle un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife o en el Cabildo, ya que Herrera sabía que pronto iba a ser destituido como director de la prisión.
"Sin elementos suficientes de delito"
A raíz de aquellas conversaciones, se investigó si el entonces director de la prisión podía haber dado un trato "privilegiado" a Dimas en la cárcel, ya que entre otras cosas cumplió condena en el módulo de enfermería. "No se evidencian elementos suficientes que determinen la comisión de delito contra la Administración Pública", concluye la juez, que además subraya que "todas las conversaciones que obran en autos, a excepción de la primera", se produjeron cuando Herrera Fragiel ya había cesado en sus funciones como director de la prisión.
Respecto a esas conversaciones, el ex director de la cárcel declaró en los Juzgados que "le seguía la corriente" a Dimas, que "no aceptó ningún cargo de aquellos sugeridos por el penado" y que "en lo restante la conversación se limita a explicar, como a cualquier otro interno, dudas que pudiera tener en cuanto a cómo debían computarse los permisos del tercer grado penitenciario según su criterio". Respecto al cumplimiento de condena en el módulo de enfermería, la juez señala que había un informe médico que así lo sugería.
Docal y tres empresarios
En cuanto al resto de los imputados sobre los que sobresee las actuaciones (María José Docal y tres empresarios), todos fueron señalados por Matías Curbelo en una de sus declaraciones en los Juzgados. Curbelo aseguró que los tres empresarios habían pagado comisiones ilegales, a cambio de la adjudicación de distintos contratos. Dos de ellos correspondían al Cabildo de Lanzarote, donde María José Docal era entonces consejera del grupo de gobierno.
En uno de los casos, Curbelo declaró que él mismo intervino en la operación y que se cargó un "sobrecoste del 50%" en la factura por la celebración de un festival de música, pagando después el empresario una comisión ilegal. "Terminada la instrucción y practicadas todas las diligencias, no se cuenta con más diligencia de sesgo incriminatorio que aquella que dio lugar a que se investigaran los hechos relatados, siendo esta la declaración del co-imputado don Matias Curbelo Luzardo, pero sin posibilidad de aseveración siquiera periférica por medio de otros elementos, que pongan de manifiesto no solo la contratación, sino el delito", concluye la juez.
Otro de los hechos denunciados por Curbelo estaba relacionado con "la adjudicación directa a la mercantil Horinsa S.L. de las obras de reasfaltado de la carretera de Femes a Uga, al margen del procedimiento establecido, previo pago de una comisión". Según el relato de Curbelo, esta comisión "habría servido para efectuar el pago a la Clínica Ruber de una factura" a nombre de María José Docal. Sin embargo, tras investigar los hechos, la juez considera que "los elementos que obran en autos no son suficientes para establecer una relación directa entre el pago de la supuesta comisión para favorecer la adjudicación de obra y la satisfacción de la factura".
Y lo mismo sucede con otro de los hechos denunciados por Matías Curbelo, relativo al pago de supuestas comisiones por parte de la empresa Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, S.L., a cambio adjudicaciones en el Ayuntamiento de Arrecife. En este caso, ni siquiera se llegó a tomar declaración al administrador de la empresa, sobre el que ahora se han sobreseído las actuaciones. "Ni siquiera obra en el procedimiento documentación relativa a la citada mercantil, al haber contestado al requerimiento judicial el Ayuntamiento de Arrecife desde la Concejalía de Parques y Jardines que no obraba expediente alguno, y poder constatar por otro lado que tampoco fueron incautados en la entrada y registro practicada en el Consistorio", señala la juez.