La causa por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, ahora sí, entra en su recta final. Casi dos años después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación definitivo, la actual titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arrecife ha ordenado la apertura del juicio oral del "caso Yate" contra once personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, su mujer y tres de sus hijos.
En el auto, fechado el pasado 23 de diciembre, la juez Estela María Marrero ordena además el pago inmediato de una fianza a diez de los acusados, para "asegurar las responsabilidades" económicas que se deriven del juicio. La más elevada se la impone a José Francisco Reyes, al que le ordena que en 24 horas deposite una fianza de más de 8 millones de euros (concretamente, 8.027.469,51 euros). En caso contrario, la juez advierte que "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará su insolvencia en forma".
A esta cantidad se suma además la que deberán depositar también otros miembros de su familia, por un valor total de casi 4 millones de euros. Así, a la mujer de Reyes, Antonia Torres, le impone una fianza de 1.066.666, mientras que sus hijos, María Noelia, José Francisco Abel y María Beatriz Reyes, deberán depositar 1.333.333,34 euros, 1.066.666,67 euros y 466.666,67 euros, respectivamente. Todos ellos están acusados de un delito de blanqueo de capitales, al haberse beneficiado del dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde a cambio de la concesión de licencias ilegales. La Fiscalía pide para ellos 5 años de prisión, mientras que para el ex alcalde reclama 25 años de cárcel.
Otros seis acusados
De los otros seis acusados, cinco también tendrán que depositar fianzas tras la notificación de este auto. Uno de los principales imputados, el ex secretario de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes, deberá depositar 14.989,51 euros. La Fiscalía pide para él 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación.
En cuanto a José Rafael Mesa Ferrer y Manuel Benito Mesa Ferrer, la juez les impone una fianza de 1.066.666,67 euros; y a Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, de 133.333,34 euros. Los hermanos Mesa Ferrer, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una "sociedad pantalla", Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Para ellos, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel.
Los otros dos, según la Fiscalía, pertenecían al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, pese a que "conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Presuntamente, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraba como titular una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Ambos se enfrentan a una petición de 3 años de cárcel.
Respecto al otro trabajador de Yaiza imputado, el jefe de la Oficina Técnica Antonio Lorenzo, la juez no le impone fianza. En su caso, la Fiscalía no pide cárcel, sino inhabilitación, por tiempo de diez años. Su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales. En la causa había imputado otro técnico de Yaiza, pero ha fallecido.
Pendiente ahora de los escritos de la defensa
Aunque el caso Yate debería haber llegado ya a juicio, tras la presentación del escrito de calificación de la Fiscalía en marzo de 2013, la causa ha sufrido un importante retraso en los Juzgados por la falta de un escáner, que ha complicado la digitalización de todos los documentos.
Ahora, tras este auto, se entra en la última fase, en la que los acusados podrán presentar sus respectivos escritos de defensa. Además, no se descarta que puedan intentar presentarse nuevos recursos, aunque la apertura de juicio oral no se puede recurrir. Después, se deberá fijar la fecha de juicio, que correrá a cargo de la sección que corresponda de la Audiencia Provincial.
El escrito de acusación de la Fiscalía elevado hace casi dos años está firmado por el fiscal decano de medio ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal asignado a la sección de medio ambiente en Lanzarote, Ignacio Stampa, que instruyó la causa desde su inicio, y tiene dos partes claramente diferenciadas.
Por un lado, se formula acusación por delitos de prevaricación urbanística consistentes en la concesión de licencias de construcción de establecimientos hoteleros entre los años 1998 y 2003. Por otro, se imputan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental, "relacionadas fundamentalmente con incrementos patrimoniales no justificados y encubrimiento de los mismos a través de personas o sociedades interpuestas".
