La juez del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, considera que hay indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación en la adjudicación del concurso de hemodiálisis a la empresa "Lifeblood", tanto en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote como en el Doctor Negrín de Gran Canaria. Este concurso fue convocado el 13 de mayo de 2010 por la anterior consejera de Sanidad, en manos entonces del PP, y fue anulado en diciembre por el actual consejero del área, Fernando Bañolas, hasta que se aclararan las supuestas irregularidades cometidas.
La juez considera en un auto que la empresa favorecida por la adjudicación provisional, es decir, "Lifeblood", contó presuntamente con información privilegiada. "Autoridades pudieron haber posibilitado consciente y voluntariamente, de forma contraria a derecho y al interés público, el beneficio económico de la empresa", especifica en el auto. Por ello, la juez asegura que continuará con la causa sobre este polémico concurso de hemodiálisis.
Además,la juez apunta en su auto a que se deberá "tratar de evitar cualquier acceso ilícito a la causa mediante medios informáticos compartidos, tramitándose por el momento de manera externa al sistema informático del Gobierno de Canarias", en relación al polémico "Atlante II".
Una pieza separada
Asimismo, la juez ha abierto una pieza separada con las diligencias relativas a un concurso anterior, también de hemodiálisis, realizado en abril de 2009. Esto se ha producido después de que la doctora Leocadia Palop, Jefa del Servicio de Nefrología del hospital Doctor Negrín, afirmara en un programa de televisión que pudo haber irregularidades en aquel concurso. En este sentido, indicó que una empresa le había ofrecido dinero para ganar el concurso público, a lo que ella se negó.
Sobre esta pieza separada, la juez ha acordado el sobreseimiento provisional parcial de la causa contra la doctora Leocadia Palop por un supuesto delito de cohecho, dejando también sin efecto la imputación a Ramón Hernández, Ricardo Arias-Duval y Eduardo Estaún.