La juez Silvia Muñoz ha decidido sobreseer las actuaciones contra cuatro funcionarios de Arrecife que habían sido imputados en los últimos meses en el caso Unión, y que ahora pasarán a ser testigos en la causa. Las firmas de los cuatro aparecían en distintos expedientes investigados, todos ellos de la empresa Infogelan, en los que se ordenaban pagos por servicios presuntamente no prestados. Sin embargo, tras tomarles declaración e investigar su posible participación en esos pagos, la juez concluye que no hay "indicio alguno de que llegaran a conocer y a participar conscientemente en la trama delictiva", en la que pudieron ser "utilizados" sin tener conocimiento de ello.
De los cuatro funcionarios que firmaban como técnicos en esos expedientes, dos eran en realidad auxiliares administrativas (Yoana Cabrera Machín y Loyola del Mar Hernández), y un tercero, Francisco Saavedra, ordenanza subalterno. "Ninguno, pese a firmar en los expedientes de contratación en el lugar previsto para la firma de los técnicos municipales, tiene tal calificación", señala la juez, que subraya que ninguno de los tres tenía conocimientos jurídicos y que sus funciones "distan mucho de las de un técnico municipal".
Por eso, entre otras cosas, la juez concluye que sus firmas no fueron determinantes para que se realizaran esos pagos (y por tanto esa presunta malversación de fondos públicos), ya que ni siquiera eran las personas indicadas para firmar ese tipo documentos, con los que se supervisa la legalidad de los pagos y contrataciones.
"Los indicios apuntan que tanto en el caso de las dos auxiliares administrativas, como en el del ordenanza subalterno, se realizó una utilización mediata, aun no siendo necesaria, para dotar de una apariencia de mayor legalidad el expediente administrativo", sostiene la juez en su auto. De hecho, agrega que "la innecesaridad de la firma" de estos tres funcionarios se hace evidente al observar otros expedientes, en los que también se realizaron supuestos "pagos fraudulentos", y en los que "ni tan siquiera figura la firma de técnico municipal alguno" o no se "identifica al técnico firmante con nombres y apellidos".
Seguían instrucciones de concejales y del interventor
En sus declaraciones en los Juzgados, estos tres funcionarios explicaron que firmaron esos documentos siguiendo instrucciones de los concejales de los que dependían y también del propio interventor, Carlos Sáenz. Tanto los ediles como Sáenz continúan imputados en la causa por prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.
En el caso de Yoana Cabrera y Loyola Hernández, explicaron que firmaban "por indicación del concejal Antonio Machín, quien les informaba que era el trámite habitual". Ambas dijeron que "pensaban que sólo era un trámite, sin reparar en la importancia de la firma". En cuanto al ordenanza subalterno Francisco Saavedra, la juez señala que su caso es "especialmente llamativo". Según su declaración, fue la concejal Luisa Blanco la que le pidió que "echara una mano a la Concejalía de Barrios", alegando que no había técnicos disponibles.
"Pregunté qué tenía que hacer y me dijo que cuando me trajeran las propuestas de compra, que las firmara como trámite", explicó. Incluso, según su declaración, llegó a consultar a la entonces secretaria del Ayuntamiento y la respuesta que recibió es que "un subalterno tenía que hacer cualquier función que el alcalde le dijera que tenía que hacer".
Además, relató que en una ocasión le llegó "una factura grande", de unos 23.000 euros, y fue a consultar al interventor. "Carlos Sáenz lo miró y me dijo que si estaba firmado por él, también podía firmarlo yo", explicó el ordenanza. Al respecto, la juez sostiene que "el hecho de que el interventor rubricara el documento con anterioridad a los firmantes como técnicos municipales, sin efectuar reparo alguno, supone otro indicio que apunta a la innecesaridad de la firma del técnico", ya que es precisamente el interventor el último de los controles para autorizar el pago de una factura, y su firma sí es la indispensable para que la orden de pago se haga efectiva.
"Después me he dado cuenta de que había cosas raras"
"Después me he dado cuenta de que ahí había cosas raras", afirmó Francisco Saavedra en los Juzgados, donde explicó que ahora ya no quiere "llevar ese trabajo, porque no le pagan para eso". En su declaración, confirmó que su formación se centra en "estudios básicos" y relató que el examen de acceso al cargo que ocupaba como ordenanza, "se basó en pruebas mecánicas elementales, propias de las funciones que iba a desempeñar, tales como el manejo de la fotocopiadora".
Por todo ello, la juez concluye que en el caso de estos tres funcionarios, y tras haberles tomado declaración, "los indicios apuntan a que se utilizó una relación de superioridad profesional y confianza". Así, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra estos funcionarios, que ahora pasarán a ser testigos en Unión. De hecho, la juez ya les ha citado para que vuelvan a prestar declaración el próximo 26 de enero, ahora en calidad de testigos.
La participación de los tres se centra en expedientes de una misma empresa, Infogelan. Durante la investigación se solicitó un informe pericial a la Audiencia de Cuentas de Canarias, que constató múltiples irregularidades en los pagos, incluyendo la falta de documentos y trámites necesarios, pese a lo cual se abonaron las facturas. En su auto, la juez señala que "de comprobarse la contratación irregular", sólo con Infogelan Fontanería "se habría podido producir un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público de 1.193.052 euros por parte de los responsables de la citada mercantil".
