El gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemín, no solo sigue imputado en el caso Stratvs, sino que además la juez ha visto indicios de nuevos delitos que nada tienen que ver con la causa por la que fue llamado a declarar, y en los que podrían verse implicados otros cargos públicos del Cabildo de Lanzarote.
Tras escuchar el testimonio de Duchemín, Silvia Muñoz ha decidido dar traslado de su declaración y de esos nuevos indicios a otro Juzgado, para que investigue si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y/o malversación en los pagos que realiza el Cabildo a este funcionario. Y es que en los Juzgados, él mismo reconoció que ocupa varios cargos en la Corporación que serían incompatibles, y que cobra por todos ellos.
En su providencia, la juez recuerda que el Estatuto del Consejo Insular de Aguas, aprobado en 1997, especifica que el cargo de gerente es "incompatible con el de otras funciones públicas o privadas también retribuidas". Sin embargo, Duchemín declaró que además de ése ocupa "otros cargos en el Cabildo y son importantes". En concreto, especificó que también es "secretario del consorcio de bomberos", que realiza funciones "en los Centros Turísticos" y que está "adscrito a la Secretaría General". Y por todo ello, "recibe la retribución correspondiente en nómina", según explicó él mismo.
Estudios de "Bachillerato y COU"
Durante su declaración, la juez también le preguntó por su formación para ocupar estos cargos, a lo que Hernández Duchemín respondió que tiene "Bachillerato y COU". Además, pese a que es gerente del Consorcio, no tiene "ninguna diplomatura", ni siquiera "un curso" relacionado con aguas. "Pregúntele a la persona que me nombró por qué me nombró", "yo no tengo que enjuiciar si era competente o no. Era un nombramiento provisional para salvar una situación, que era que el gerente que había se jubilaba", respondió Duchemín a preguntas del fiscal Ignacio Stampa.
Ese nombramiento "provisional" (a través de un decreto firmado por el entonces vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín) se realizó en el año 2008, tres meses antes de que el funcionario informara favorablemente al sistema de vertidos de Stratvs. Siete años después, Duchemín sigue siendo gerente del Consorcio, además de ocupar otros cargos que prácticamente le convierten en el segundo funcionario con mayor influencia dentro del Cabildo, solo por detrás del secretario, de quien depende directamente.
Una situación "conocida" por el presidente y el secretario
En su providencia, la juez señala que esta situación era "conocida tanto por la institución como por su servicio jurídico y administrativo", por lo que existen "indicios de que se ha omitido el control debido". Entre otras cosas, subraya que el secretario del Cabildo es el mismo que el del Consejo de Aguas, Pancho Perdomo, y el Cabildo y el Consejo también tienen el mismo presidente, que en la actualidad es Pedro San Ginés. Por eso, considera que ambos debían saber que Duchemín estaba prestando servicios en ambos organismos, y cobrando por ello, pese a que el cargo de gerente es incompatible con cualquier otro.
Por todo ello, y dado que estos hechos no guardan ninguna relación con lo que se investiga en el caso Stratvs, la juez ordena dar traslado de su declaración al Juzgado de instrucción que por turno corresponda, para que abra diligencias e investigue si se han cometido posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Esta medida había sido solicitada por la acusación popular, representada por la asociación Transparencia Urbanística, y también por el Ministerio Fiscal, que se adhirió a esa petición que ahora ha sido atendida por la juez.
"Manejaba más o menos la legislación"
Aunque Duchemín fue citado a declarar como imputado por haber informado favorablemente a la autorización del sistema de vertidos de Stratvs, buena parte de su interrogatorio se acabó centrando en este nuevo frente que él mismo abrió, al detallar sus distintos cargos en el Cabildo. Según subraya la juez en su providencia, Hernández Duchemín "manifestó al Juzgado de manera desglosada y concreta la retribución que percibía" por cada uno de esos cargos y reconoció "conocer que ello era contrario artículo 23 Decreto 135/1997 de 11 de julio", es decir, al Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas.
Respecto a su nombramiento como gerente de este órgano, el propio funcionario acabó señalando que le "sorprendió", aunque según él le designaron porque "la legislación de aguas es muy amplia" y él tiene "facilidad para manejarla". "Como manejaba más o menos la legislación, me nombraron", afirmó.
Sin embargo, también explicó que posteriormente se ha contratado además a un asesor jurídico en el Consejo Insular de Aguas, "para una misión concreta, para los expedientes sancionadores", porque "el tema de la legislación de aguas es complejísimo".
Se "fió" de los informes de Rosa
Respecto al tema que le había llevado a declarar como imputado, la autorización del sistema de vertidos de Stratvs, Hernández Duchemín afirmó que se basó en un informe privado aportado por el propio Juan Francisco Rosa, realizado por Consultores Canarios. "La administración tiene que confiar en los ciudadanos, que son los que tienen que presentar los autocontroles", sostuvo en el Juzgado el gerente del Consejo Insular de Aguas.
Ese informe, realizado por la empresa en base a una muestra aportada por el propio Rosa, contradecía los dictámenes previos de técnicos de la administración pública, que advertían de un alto grado de contaminación por los vertidos de la bodega. "Si el señor ha falseado los datos no es mi problema", respondió al respecto Duchemín. "Confié en que habían bajado los parámetros y ya está".
Respecto a por qué después no se siguieron haciendo controles periódicos, pese a que la autorización así lo contemplaba, el gerente alegó que pasó una temporada de baja por una operación. Ni antes de esa baja, ni después, ordenó que se tomaran muestras. Y tampoco tomó medidas cuando la autorización, que era provisional por seis meses, caducó. Pese a ello, Stratvs siguió funcionando durante más de cinco años, hasta diciembre de 2013, cuando la juez ordenó su cierre cautelar.