La juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidas contra cinco funcionarios de Arrecife, dentro de la causa abierta hace ya más de seis años por una presunta estafa en el Catastro de Arrecife. El procedimiento, que entra ahora en la recta final, continuará así con sólo dos personas imputadas: Lucía Medina Tavío y María Teresa Tavío Robaina.
En su auto, la juez señala que ambas podrían ser responsables de presuntos delitos de estafa y de falsificación de documentos públicos, al haberse apropiado de terrenos que no eran suyos, cambiando la titularidad en el Registro. Sin embargo, archiva la causa contra los técnicos municipales, porque entiende que "no aparece justificada la comisión de infracción penal alguna".
Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2005, y afectan a decenas de fincas sin urbanizar, situadas en la zona conocida como "Cercado Viejo" de Arrecife. Según la juez, "existen indicios racionales suficientes que permiten concluir provisionalmente" que las imputadas, "con ánimo de obtener un ilícito beneficio", aprovecharon que esas fincas "aparecían en el catastro como de titular desconocido" y, "a sabiendas de la existencia de titulares legítimos de dichos terrenos, procedieron a cambiar la titularidad catastral de dichas fincas a su favor o a favor de otras personas".
Para ello, "simulaban segregaciones" de una misma finca matriz y presentaban una solicitud de cambio de titularidad catastral, "en la que siempre aparecía el mismo transmitente y el mismo adquirente". En cuanto a la supuesta finca matriz que segregaban, en cada operación le daban una descripción distinta, adaptando los linderos a los de la finca de la que supuestamente se iban a apropiar.
Informe municipal
El tema salió a la luz pública de la mano del Club de fútbol Altavista, que fue víctima de esta supuesta trama y estuvo a punto de perder dos fincas de su propiedad. Tiempo después de que lo denunciara en los medios de comunicación, la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, acudió a los tribunales. En su denuncia, presentada en 2006, aportó un informe municipal elaborado por la encargada del departamento de Rentas, Cristina Fernández (sobrina de Felipe Fernández Camero), en el que se aseguraba que las presuntas operaciones fraudulentas del catastro se cometían con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de algunos funcionarios públicos.
A raíz de ese informe, en la causa fueron imputados Dulce Carmona, Jesús Morales, Martín Robayna,Miguel Bethencourt y Sergio Morera, todos ellos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, que ahora han querido hacer público este auto en el que se archivan las actuaciones contra ellos.
En un escrito conjunto, estos técnicos afirman que el informe presentando en su día por María Isabel Déniz "no se ajustaba a la verdad". "Parecía que desde el Ayuntamiento se realizaba por parte de los firmantes labores de cambio de titularidad de propietarios de solares en el padrón municipal", cuando esa "labor está reservada exclusivamente a la Gerencia de Castrado", sostienen."La única función que se realizaba desde el Ayuntamiento era labor de ayuda administrativa: recibir documentación de los interesados y remitirla a la Gerencia en Las Palmas, para que en los casos que se consideraban desde esa Administración resolviera si procedía, como así se expuso y verificó ante el Juzgado en el procedimiento abierto".
Además, cuestionan que en el informe y la denuncia de María Isabel Déniz se "mecionaba sólo a parte del personal municipal que trabajaba en la Oficina Técnica y Catastro de ese momento, dejando fuera nombres de compañeros que trabajaban directamente en dicha área, a quienes no mencionaba en la denuncia por razones personales", aseguran, agregando que ese dato es "fácilmente corroborable".
Cabe recordar que en su momento, la propia Fiscalía cuestionó la falta de "colaboración" del Ayuntamiento con la investigación, al no identificar a todas las personas que tenían responsabilidad en este tema en el Consistorio. Incluso, el fiscal llegó a apuntar en uno de sus escritos que la denuncia de la entonces alcaldesa "parecía deberse más bien a criterios de oportunidad política o de otra naturaleza que al interés por ponerle fin".
A juicio oral
Ahora, más de seis años y medio después de presentarse esta denuncia, la causa entra ya en la recta final, aunque sólo con dos imputadas. Además de archivar las actuaciones contra los técnicos, la juez también ha decidido dejar fuera de la causa a la otra particular implicada.
En el auto, fechado el pasado 20 de diciembre, la juez dio diez días al Ministerio Fiscal para presentar el escrito definitivo de acusación contra las personas que continúan imputadas, y a que solicite la apertura del juicio oral.