"¿Es Progestril un testaferro y realmente usted es el propietario?" Ésa fue una de las preguntas que tuvo que afrontar el interventor Carlos Sáenz, durante el interrogatorio del fiscal tras su detención en la Operación Montecarlo. Y es que los datos que arroja la investigación de esta causa, han llevado a la sospecha de que las empresas de José Montesinos podrían ser una simple "tapadera" creada por Sáenz. Presuntamente, el interventor las habría utilizado para desviar allí dinero público de las administraciones donde trabajaba.
Entre otras cosas, la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional localizó al menos dos ingresos realizados por José Montesinos y por una de sus empresas (Recingest) en una cuenta de Carlos Sáenz, por importe de 3.000 euros cada una. Al ser preguntado por ello en los Juzgados, Montesinos lo negó asegurando que eso era "imposible", mientras que Sáenz lo justificó afirmando que "quizá le hubiera prestado algún dinero" y el empresario se lo estaba "devolviendo".
Sin embargo, ése es sólo uno de los vínculos económicos que la UDEF encontró entre el interventor y Montesinos, que cobró cientos de miles de euros de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, por trabajos presuntamente no realizados, gracias a las firmas de Carlos Sáenz en esas facturas. Y entre esos "vínculos", está un crédito hipotecario que solicitó José Montesinos en el año 2007, a través de la sociedad Progestril, para adquirir una propiedad valorada en 500.000 euros en Fuerteventura. Curiosamente, quien hizo de avalista para esa compra fue el interventor de los ayuntamientos para los que trabajaba el empresario.
"Sería una metedura de pata, pero fue por devolver el favor personal que me hizo Montesinos al separarme. Quizá fue una tontería", afirmó Carlos Sáenz durante su interrogatorio en los Juzgados, donde reconoció haber hecho de avalista para Montesinos. Según él, avaló los 500.000 euros, aunque la investigación sostiene que en realidad el préstamo fue muy superior, llegando hasta los 748.000 euros. Es decir, casi un 50 por ciento más del valor de la propiedad, que podría haber ido destinado a un presunto blanqueo de capitales. "Me reitero en que avalé en 500.000 euros, excepto si me engañaron el banco y el notario", señaló Sáenz al respecto, al responder a las preguntas del fiscal Ignacio Stampa.
Sáenz pagó cuotas de Montesinos
Lo que sí reconoció también el interventor es que, en varias ocasiones, pagó las letras de ese crédito hipotecario de Montesinos. "Es cierto que cuando la sociedad no ha hecho frente a las cuotas sí las he abonado", admitió Sáenz, explicando que lo hizo "con dinero en efectivo", sacando dinero de su cuenta "e ingresándolo en la del crédito hipotecario, porque así se lo ha aconsejado su banco para evitar gastos de transferencia. Esas cuotas mensuales eran inicialmente de unos 5.000 euros, y después pasaron a 2.000.
La investigación realizada por la Policía sostiene que esos pagos realizados por Carlos Sáenz pudieron ser con dinero negro, procedente de sus presuntas actividades ilegales. Y es que no hay asientos contables en sus cuentas de las extracciones de ese dinero que después ingresaba en efectivo para el pago del crédito de Montesinos.
"Yo muchas veces he sacado 5.000 euros del Santander y tiene que estar reflejado en la cuenta corriente. La Policía no habrá mirado bien si dice que no", respondió Sáenz al ser preguntado por este extremo. "A veces se lo daba al director o en ventanilla, depende. Muchas veces no me identificaba pero otras sí. Yo no sé de las cuestiones bancarias, de si me tenía que identificar si hacía pagos de más de 3.000 euros", afirmó con respecto a los ingresos.
El resto de los pagos de ese crédito se hicieron desde la cuenta de Progestril, que cobraba importantes cantidades del Ayuntamiento. "¿Quién ordenó que las facturas de Progestril fueran para amortizar dicho crédito?", preguntó el fiscal a Carlos Sáenz. "No hay que ordenar nada, el banco se lo cobra", respondió el interventor, que volvió a admitir que desde 2009, "en algunas ocasiones" ha sido requerido como avalista, para hacer frente a los pagos de ese crédito. "Montesinos también ha pagado cuotas", agregó, señalando que no sabe cómo lo hizo.
Y ahí, llegó la pregunta: "¿Es Progestril un testaferro y realmente usted es el propietario", planteó el fiscal. "No, en absoluto. Mi familia no necesita de ese tipo de historias. Tengo un patrimonio familiar muy grande. Vivo de alquiler, no tengo nada", respondió Sáenz.
¿Apoderado de Progestril?
A continuación, el fiscal puso sobre la mesa otro de los nexos encontrados entre ambos imputados en la causa: Carlos Sáenz estuvo pagando el seguro de un coche de las empresas de Montesinos. Según admitió el propio Sáenz, el empresario se lo prestó para que lo utilizara la que entonces era su pareja. "Me prestó el coche y yo le pagué el seguro seis meses, ni siquiera el año. Ese coche es de una sociedad de Montesinos. Era un coche viejo".
Sin embargo, y aunque el interventor lo negó en los Juzgados, la investigación sostiene que Carlos Sáenz aparece incluso como apoderado de Progestril en una póliza de seguros contratada por esta empresa.
"Que le pregunten al interventor"
Tras su detención en la Operación Montecarlo, tanto Carlos Sáenz como José Montesinos fueron enviados a prisión provisional, donde permanecen desde hace ya más de cinco meses. Durante el interrogatorio, el empresario no supo decir cuántas facturas llegó a cobrar en concepto de asesoramiento del Ayuntamiento de San Bartolomé, ni durante cuánto tiempo. Y tampoco explicó cómo es posible que se le abonaran facturas que no tenían firmas indispensables, o ni siquiera tenían el sello de entrada en el Registro.
"Eso es problema del Ayuntamiento", "el Ayuntamiento pierde muchos papeles" o "qué quiere que yo le conteste" fueron algunas de las respuestas que dio Montesinos a la juez y al fiscal, conforme le iban mostrando facturas de sus empresas cargadas a la administración pública. "Yo no agarro ni al concejal ni a nadie le he puesto una pistola para que me pague", afirmó el empresario.
Según la investigación, el empresario ni siquiera prestó los servicios por los que cobraba. "Algo haría cuando me firmaron las facturas", respondió Montesinos, que invitó a que le "pregunten al interventor", porque "él no tiene que demostrarlo".
En el caso de San Bartolomé, muchas de esas facturas están firmadas por los entonces concejales de Hacienda, Cándido Reguera y Javier Betancort, y por el interventor. Sin embargo, faltan firmas del técnico del área. Incluso, algunas facturas están duplicadas. "No creo haber facturado varias veces la misma prestación", respondió al respecto Montesinos, que afirmó que entregaba directamente las facturas al concejal, y no al Registro del Ayuntamiento.
De San Bartolomé a Arrecife
Tras cambiar el grupo de gobierno en el año 2007, el Ayuntamiento de San Bartolomé prescindió de los servicios de Montesinos, e incluso le llevó a los tribunales reclamándole cerca de 80.000 euros, al entender que se había quedado con dinero que no le correspondía procedente de la recaudación de tributos, de la que también se encargaba hasta entonces.
A partir de ahí, la actividad de José Montesinos se centró más en Arrecife, donde también hay facturas y pagos bajo sospecha, por trabajos presuntamente no realizados, con el visto bueno del interventor y la presunta connivencia de los políticos imputados en la causa.
Según declaró el propio empresario en los Juzgados, tras la denuncia de un trabajador de Arrecife, que dio origen al caso Montecarlo, "Carlos Sáenz no ha querido saber nada" de él.
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