La Fiscalía ha pedido la apertura de un nuevo procedimiento judicial a raíz de una denuncia presentada por Vecinos Unidos Canarias y la Confederación Vecinal Coveinca, por la presunta "dejación de funciones" del Ayuntamiento de Arrecife ante las presuntas irregularidades del taller de Iveco en Argana Alta.
En su escrito, el fiscal pide que se cite como imputados al concejal José Montelongo y a los técnicos que participaron en distintos expedientes relacionados con ese taller. Además, reclama que se solicite al Consistorio una copia de los expedientes sancionadores "incompletos" que se le abrieron a la empresa por las obras y las actividades allí desarrolladas, así como un informe a la oficina del Plan Insular del Cabildo sobre la "presunta normativa vulnerada".
La situación de ese taller viene siendo denunciada desde hace años por el ex presidente de la asociación de vecinos de Argana, Andrés Medina, que se había dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento pidiendo que tomara medidas, al entender que la empresa había realizado obras que no se ajustaban a la ley; que había ocupado parte una calle y eliminado aparcamientos que deberían existir en esa zona; y que estuvo operando durante años sin licencia para la actividad que desarrollaba.
Finalmente, el pasado mes de enero decidió llevar su denuncia a la Fiscalía, a través del partido Vecinos Unidos Canarias y la Confederación Vecinal Coveinca, y volvió a reiterarla a principios de este verano, aportando nuevos datos. Poco después, la Fiscalía decidió dar traslado al Juzgado para abrir diligencias de instrucción. En su escrito, fechado el pasado 1 de agosto, el fiscal apunta a que pudieron cometerse presuntos delitos de prevaricación urbanística, por lo que solicita que sean citados como imputados el concejal de Actividades Clasificadas y tres técnicos del área.
Licencia siete años después
Además de denunciar las presuntas irregularidades en la construcción del taller, los expedientes sancionadores que se iniciaron y no se concluyeron, y el hecho de que ha estado funcionando de forma supuestamente "ilegal" durante siete años, Andrés Medina también denunció que el pasado año, finalmente el Ayuntamiento concedió la licencia de apertura de actividad de exposición y venta.
"Los técnicos lo dieron por válido, con los mismos criterios con los que anteriormente lo habían denegado", sostenía la denuncia de Vecinos Unidos, haciendo hincapié en que hasta ese momento, se habían emitido informes negativos a la concesión de la licencia. Al respecto, la Fiscalía aprecia en este hecho "un nuevo delito contra la ordenación del territorio, en relación a la emisión de informes favorables a la concesión de dos licencias de actividad clasificada y/o en la emisión de decretos autorizándolo".
Respecto a José Montelongo, Medina cuestionaba también en su denuncia que el edil firmó el decreto otorgando la licencia, cuando "solo tres meses antes había requerido a la empresa para que paralizara y cerrara su actividad".