Vídeo cedido por Antena 3 Canarias con imágenes de la vista celebrada este miércoles en Gran Canaria.
La Audiencia Provincial tiene en sus manos decidir si autoriza o no la reapertura de la bodega Stratvs, que fue precintada el pasado mes de diciembre por orden judicial. A las 9,15 horas de este miércoles se ha celebrado una vista en la que la Audiencia ha escuchado a las partes personadas en la causa penal abierta por la construcción de Stratvs, para decidir si acepta el recurso presentado por la empresa y levanta las medidas cautelares adoptadas hace cuatro meses por la titular del Juzgado de Instrucción Número 5, Silvia Muñoz.
En aquel momento, tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares personadas solicitaron el cierre de la instalación. Sin embargo, tras recibir el resultado de las últimas catas tomadas por el Seprona en la bodega, que no reflejan índices de contaminación, tanto el fiscal como el abogado de un miembro de la familia Negrín, personado en la causa como perjudicado, no se han opuesto a la reapertura.
En cualquier caso, la Fiscalía ha subrayado que esas catas se tomaron cuando la bodega ya estaba precintada y, por tanto, que lo único que confirman es que no hay contaminación cuando la instalación no desarrolla su actividad habitual. Por eso, aunque no se ha opuesto a que se levanten las medidas cautelares de cierre, el fiscal sí ha pedido que de permitirse la reapertura, se adopten antes las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar posibles nuevos delitos y vertidos.
Quien sí ha defendido que la bodega continúe cerrada es la acusación particular, representada por la asociación Transparencia Urbanística. En su intervención, la abogada Irma Ferrer ha vuelto a poner sobre la mesa todos los delitos que se investigan en esta causa, más allá de los que afectan a la posible contaminación.
La decisión, en manos de la Audiencia
A lo largo de este mismo miércoles, se espera que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial adopte una decisión tras escuchar a las partes, incluyendo a la defensa de la empresa, representada por el abogado Felipe Fernández Camero. Todos ellos han intervenido durante unos 15 minutos antes de que la sala se retirara a deliberar.
Aunque en esta causa penal se investiga una larga lista de delitos, vinculados sobre todo a la construcción de la bodega, el posible delito contra el medio ambiente, por vertidos que podrían ser contaminantes, fue decisivo para que el pasado mes de diciembre la juez ordenara el cierre. Y es que cuando en una causa penal se adoptan medidas cautelares, es para evitar que se sigan cometiendo presuntos delitos, como podría ser el de los vertidos.
Cuando se trata de licencias ilegales o de carencia de permisos, la competencia para actuar recae en la administración, en este caso en el Ayuntamiento de Yaiza. De hecho, en caso de que la Justicia permitiera reabrir la bodega, el Consistorio sureño tendría que retomar el expediente abierto en su momento, y que proponía el cierre total de la instalación. Cabe recordar que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento ya ordenó el cierre del restaurante, pero tenía pendiente culminar el expediente sobre el resto de la instalación.
De momento, en otro procedimiento paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado el cierre del restaurante ordenado por el Consistorio, por lo que ese espacio continuará cerrado al margen de lo que este miércoles decida la Audiencia Provincial de Las Palmas.