La Fiscalía de Las Palmas y la Fiscalía General del Estado han archivado la denuncia presentada por una gran parte de los abogados del "caso Reyes" (que investiga posibles delitos penales en la concesión de licencias en Yaiza) contra el fiscal que lleva el caso, Ignacio Stampa. Las quejas se presentaron a mediados de octubre del año pasado.
Los hechos que motivaron la denuncia tienen que ver con la petición de información por parte de Stampa al centro penitenciario de Tahíche, que fue aceptada por la juez que lleva el caso, Leticia Mateo. El fiscal solicitó a la cárcel que informara de qué abogados y por qué motivos visitaron al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que se encontraba en prisión, entre octubre y noviembre de 2009.
Hay que recordar que en este caso la Policía detuvo a Reyes, a su mujer y a tres de sus hijos por un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que la investigación les encontró casi 800.000 euros de procedencia injustificada. Reyes declaró en el Juzgado que cuatro empresarios le habían dado dinero por agilizar licencias urbanísticas, fue enviado a prisión provisional y más tarde retiró su confesión a través de una carta.
Reyes llegó a admitir que un abogado de otro imputado le visitó en la cárcel y el fiscal considera que pudo aconsejarle que retirara su confesión, ya que el cambio en su declaración no le beneficia ni a él ni a su familia, dado que las pruebas en su contra son contundentes. Además Reyes cambió en esa fecha de abogado y la primera vez que se entrevistó con él ya le entregó la carta en la que retiraba su confesión. Por otra parte, alguno de los empresarios nombrados por Reyes sabían que se iba retractar antes de que lo hiciera.
El resultado de la petición de información por parte del fiscal fue que se supo que Juana Fernández de las Heras, abogada e hija de otro de los imputados, Felipe Fernández Camero (que a su vez comenzó el caso siendo abogado de Reyes) había visitado a Reyes unos días de que retirara su confesión.
Fernández de las Heras alegó, para realizar su visita a Reyes en la cárcel, interés en otro procedimiento que estaba ya terminado (el ex alcalde está condenado por ese caso y ya se ha presentado la apelación) y en el que había actuado su padre como abogado defensor en el juicio.
Denuncia
En la denuncia de Fernández de las Heras, a la que luego se sumaron otros abogados, dice que el fiscal no ha guardado el debido respeto al ejercicio de la abogacía. Asegura que el fiscal se basa en conjeturas y que ignora hechos "deliberadamente". Califica el planteamiento de Stampa como peligroso y dice que su "lógica" cuestiona el ejercicio de la abogacía en general y, en particular, el de aquellos abogados que no son de su agrado.
Se refiere a los hechos calificándolos como "una extensa invención". Dice que en un informe del fiscal se emiten "insinuaciones absolutamente intolerables" y que no corresponde al Ministerio Fiscal conocer si la visita a cualquier preso es o no pertinente. Se asegura en la denuncia que la actuación del fiscal es "inapropiada y enormemente desafortunada" y que la diligencia es un atentado a la libertad y la dignidad profesional".
Señala Fernández de las Heras que el fin perseguido por Stampa al realizar dicho informe fue el de provocar escarnio público y desprestigio profesional utilizando insidias que sabía que iban a adquirir una mayor difusión mediática.
Archivo
Ese mismo mes de octubre en que se presentó la denuncia, la Fiscalía de Las Palmas decidió archivarla señalando que no procedía adoptar medida disciplinaria alguna con el fiscal y que no resulta ofensivo ni contrario a ningún derecho fundamental el escrito, ya que no afecta al derecho de defensa sino que se pretende aportar al proceso hechos que, junto con otros, pudieran configurarse como indiciarios para formular en su caso una acusación. También recuerda que el dictamen del fiscal fue asumido por la juez que lleva el caso y que la abogada tiene la posibilidad de impugnar el procedimiento en cuestión.
A su vez, también decidió el archivo la Fiscalía General del Estado a través de su inspector. Dice que en el escrito del fiscal no hay ninguna frase que pudiera considerarse ofensiva, que la abogada lo que pone de manifiesto es su disconformidad con una diligencia solicitada por el fiscal y admitida por el instructor, y que dicha diligencia estaba justificada ampliamente.
SG/ACN Press