Cuando el Tribunal Supremo desestimó un recurso de casación de la sociedad "Aparcamiento Parque Islas Canarias" ante la sentencia que ilegaliza las licencias del parking, haciendo así firme el fallo judicial, la Fundación César Manrique anunció su retirada del caso porque según afirma, confiaba en que el Ayuntamiento resolvería el conflicto. Pero el grupo de Gobierno de Arrecife optó por intentar paralizar la ejecución del fallo que obliga a "restituir la legalidad" y para ello contrató al abogado Felipe Fernández Camero.
La Fundación César Manrique no está de acuerdo ni con la estrategia judicial iniciada ni con la elección del letrado, por lo que advierte que si el Ayuntamiento de Arrecife sigue adelante "se verá obligada a reconsiderar su actitud inicial y a oponerse en términos jurídicos a la inejecución de la sentencia".
Para la entidad, la "inejecución de la sentencia" transmitea los ciudadanos "un desalentador mensaje de impunidad, como si, finalmente, nada hubiera ocurrido a pesar del pronunciamiento de los tribunales". A su juicio, el daño causado "tiene que ser resarcido de alguna manera, incluyendo las responsabilidades políticas". Para ello, propone que se busquen fórmulas de compensación al interés público".
La estrategia judicial del Ayuntamiento "deja desamparados a los ciudadanos y al interés general y permite a la sociedad que explota el aparcamiento seguir gozando de los mismos beneficios de su actividad en una situación de ilegalidad del aparcamiento", según valora la Fundación.
En cuanto a la elección de Felipe Fernández Camero como abogado encargado de llevar a cabo la estrategia judicial, ha sido especialmente dura. Califica la elección como "inaceptable e inadecuada". Recuerda que esta causa fue la que motivó, entre otras, su destitución como Secretario del Ayuntamiento de Arrecife. "Participó activamente como jurista en el proceso de concesión de las licencias, mientras formaba parte, además, del consejo de administración de la sociedad que recibió esas mismas licencias, coparticipada por el Ayuntamiento y propiedad privada", argumenta la FCM.
Añade además, en base a la Orden de 14 de enero de 2004, del Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado que su destitución está motivada en parte "por ostentar indebidamente cargos en empresas para los que no era posible en ningún caso el reconocimiento de compatibilidad, al ser contratistas o concesionarias de obras del Ayuntamiento de Arrecife, o estar participadas por la Corporación".
La FCM puede volver
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en 2006 las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Arrecife para la construcción del parking Islas Canarias, dando así la razón a la Fundación César Manrique, que había interpuesto un recurso contra esa autorización. Una sentencia que hace dos meses fue declarada firme al rechazar el Tribunal Supremo el recurso que habían interpuesto los promotores.