La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha aprobado este lunes "definitivamente y de forma parcial" el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). No obstante, la Cotmac ha suspendido la aprobación definitiva de "determinaciones y áreas" al considerar que había "modificaciones sustanciales" que deben someterse de nuevo a un trámite de información pública.
Las "áreas" que deben someterse a este trámite son, "en cuanto a la zonificación, las ampliaciones de las zonas de usos moderados de Montaña Blanca, Juan Bello, Volcán II (Igualén y El Alto) y la zona de uso moderado de Guatisea". Estas áreas también tendrán un trámite de audiencia de un plazo de seis meses.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha presidido esta reunión de la Cotmac, en la que también se ha aprobado la memoria ambiental del Plan Especial de La Geria.Según este acuerdo de la Cotmac, los equipamientos "estructurantes pasan a ser recategorizados en su totalidad como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos".
Además, en los asentamientos rurales de El Islote y Caldereta se establece "la unidad apta para edificación mínima de 500 metros cuadrados, que figuraba en el documento aprobado inicialmente". Igualmente, en los asentamientos rurales de Mozaga y La Florida se ha incorporado una nueva ordenanza y se ha establecido la ordenación viaria de otros asentamientos.
Un plan anulado en marzo de 2012
El Plan Especial Paisaje Protegido de La Geria fue anulado en fecha de 14 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estimó el recurso interpuesto por los propietarios de una finca contra el acuerdo de la Cotmac por el que se daba luz verde a la memoria ambiental y se aprobaba definitivamente y de forma parcial este documento.
La sentencia consideró que durante el trámite de aprobación del Plan Especial de La Geria se realizaron una serie de modificaciones "sustanciales" y, ante estos cambios, los informes señalaban la "necesidad de un nuevo trámite de información pública", que no se llevó a cabo.
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