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El Parlamento de Canarias inició este jueves la tramitación del Proyecto de Ley Tributaria de Canarias, que prevé la creación de una agencia tributaria canaria como un organismo público responsable de la aplicación de los tributos y con potestad sancionadora.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, presentó la ley ante el pleno y habló de lo esencial de que Canarias tenga una hacienda pública potente, con recursos y capacidad normativa, y aseguró que Canarias es la única administración del Estado que tiene un espacio fiscal propio, a través del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Mauricio resaltó la posibilidad que ofrece el Proyecto de Ley para crear una agencia tributaria canaria y se mostró a favor de la propuesta planteada por el Ejecutivo central de la existencia de dos agencias tributarias (estatal y autonómica) que estén consorciadas.
Mauricio opinó que el Estado no debe ceder a las comunidades autónomas toda la gestión de los tributos, pero demandó que Canarias cuente con capacidad normativa para incrementar o bajar los impuestos de acuerdo con sus necesidades. Esta opción, precisó, no supone una ruptura del mercado español, porque Canarias está a 1.000 kilómetros de la Península y es el único espacio fiscal diferenciado.
Los artículos de la Ley, que Mauricio espera que pueda estar aprobada este mismo año, contienen singularidades de gran interés para la Hacienda Canaria en general y para la Administración Tributaria en particular, según recoge el texto de la norma.
El consejero de Economía resaltó el hecho de que la ley contemple el Registro Fiscal de Valores Inmobiliarios en Canarias y las declaraciones censales, éstas últimas como instrumento básico para la correcta aplicación de los tributos gestionados por Administración Tributaria Canaria.
La Ley, a la que no se presentó enmienda de devolución pero que a lo largo del trámite podrá ser modificada, incluye aspectos relativos a las reclamaciones administrativas no tributaria, la tasación pericial contradictoria o la promoción de convenios de colaboración en materia tributaria.
Exceso reglamentario
El diputado del PSC-PSOE Blas Trujillo alabó los aspectos positivos que contiene el proyecto de Ley, como la administración tributaria y la lucha contra el fraude, pero criticó el exceso reglamentario de la misma.
Trujillo también se mostró contrario a la creación de un nuevo alto cargo, tras la puesta en marcha de la Junta de Económico-Administrativa. El PSOE, recordó, piensa que en el Gobierno hay un exceso de altos cargos y no considera apropiado crear otro nuevo.
El parlamentario socialista duda de que la ley se ajuste a la Constitución por la asunción de reclamaciones económico administrativas, ya que los tributos del REF, IGIC y AIEM "son estatales y se aplican en Canarias las reclamaciones pertenecen al Estado". El Partido Popular también dudó de la constitucionalidad del proyecto de Ley porque "entra en un jardín que no es titularidad de la comunidad".
El portavoz del Partido Popular (PP), Jorge Rodríguez, se lamentó de no haber presentado una enmienda a la totalidad porque, dijo, "después de leer y releer la ley no encontramos aspectos positivos". El juicio global que hacen los populares de la norma es "absolutamente negativo".
En opinión de Rodríguez, el proyecto de ley no refuerza los derechos y garantías jurídicas de los contribuyentes, no se establece mecanismos para la lucha fiscal y tampoco se moderniza el marco tributario actual. También criticó que la ley no haya sido presentada a los sectores profesionales.
La conclusión del PP es que la ley no cumple con el objetivo para el que se quiere promulgar, señaló Rodríguez, quien precisó que de los 37 artículos de la norma, 14 hacen referencia expresa a la Ley General Tributaria.
"Es un proyecto de propaganda política y de bajísima calidad, introduce elementos distorsionadores de la necesaria armonía fiscal", agregó Rodríguez, quien sospechó de que el proyecto de ley persiga una "encubierta privatización de la Administración canaria a favor de Grecasa", (Gestión Recaudatoria de Canarias).
El portavoz de coalición Canaria (CC), José Miguel González, se sorprendió por la actitud de Rodríguez porque, recordó, el PP formaba parte del Ejecutivo que dio el visto bueno a este proyecto de ley, que calificó de "razonable y absolutamente necesario".