La sentencia de la Audiencia Provincial no sólo condena a los seis acusados del primer juicio del caso Unión, sino que también ordena abrir diligencias contra uno de los testigos de la defensa, Roberto Acuña Armas. Concretamente, pide que "se deduzca testimonio de su declaración y de las actas del juicio y grabaciones del mismo por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia en su modalidad de falso testimonio".
Acuña Armas era asesor de Inalsa cuando se realizaron los pagos a Francisco Rodríguez Batllori y, durante el juicio, aseguró que éste sí prestó servicios reales para la empresa pública de aguas. Sin embargo, el fiscal Javier Ródenas le tuvo que recordar en varias ocasiones que su testimonio no se correspondía con lo que había declarado durante la instrucción de la causa.
Entre otras cosas, en la vista oral aseguró que durante este tiempo mantenía una "relación fluida" con Rodríguez Batllori, que hablaban habitualmente y que iba "con frecuencia" a Inalsa. Sin embargo, según subrayó entonces el fiscal, "en sede judicial dijo que le vio 5 o 6 veces y que ésa fue toda su relación laboral". A esto, el testigo respondió que "no tenía el cálculo" y que, como en su primera declaración le pidieron que concretara, terminó diciendo eso a preguntas de la juez instructora." "¿Cómo puede ser que diga ahora otra cosa?", volvió a preguntar el fiscal. "¿Porque me han hecho la pregunta diferente…? ¿O porque ha pasado tiempo…?", se preguntó a su vez el testigo en voz alta, para terminar con un: "no sé".
Pero las contradicciones no terminaron ahí. Y es que al declarar como testigo durante la instrucción, Roberto Acuña afirmó que Batllori no asesoraba en temas jurídicos, ya que para eso tenían otro abogado. "Ahora dice otra cosa. ¿No ha hecho el cálculo tampoco?", le preguntó el fiscal. En este punto, el propio presidente de la sala de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, paró el interrogatorio para leer personalmente la declaración que prestó el testigo en su día en sede judicial. "Usted dijo que no fue asesoramiento jurídico, y ahora dice que fue jurídico y estratégico", subrayó el magistrado durante la vista.
Más de 33.000 euros entre 2008 y 2009
Roberto Acuña fue contratado como asesor de Inalsa, un cargo de designación política, y según subrayó la Fiscalía cobró más de 33.000 euros entre 2008 y 2009, cuando a su vez se estuvo pagando a Batllori más de 26.000 euros, supuestamente también como asesor en temas laborales. "Si usted era el asesor de recursos humanos y a su vez recibió asesoramiento, ¿se ve que Femepa no aparecía en las páginas amarillas?", le preguntó el fiscal, después de que el testigo afirmara que una de las gestiones de Batllori fue ponerle en contacto con la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas (Femepa), para organizar unos cursos de formación del personal.
"¿Necesita una persona para que le diga: Femepa? ¿Para que le diga: cursos de formación? ¿Cuánto tiempo estuvo usted asesorando, y a su vez asesorado, para unos cursos de formación de tres semanas?", le preguntó el fiscal Javier Ródenas. "Eso… eso… Esas reuniones. Luego ya la parte administrativa", respondió Acuña, después de haber aclarado antes que la "parte administrativa" no dependía de él ni de Batllori.
"¿Es muy difícil que Femepa pueda hacer cursos de formación? ¿No podía ponerse en contacto usted? ¿Era necesaria una persona para ponerle a usted en contacto con Femepa? ¿Necesitaba que otra persona hiciera eso por usted? ¿Era muy complicado? Usted era asesor, era su cometido, ¿y necesitaba a otra persona?", fue subrayando el fiscal, dejando muchas veces sin palabras al testigo.
En cuanto a la duración de esos supuestos cursos, Roberto Acuña habló en su primera declaración de tres semanas, y durante el juicio afirmó que duraron "dos meses". Al respecto, cabe recordar que otro testigo, Andrés Barreto, declaró que esos cursos ni siquiera existieron y que la gestión de los cursos de formación tampoco dependía de la dirección de Inalsa, sino del Comité de Empresa.
En la misma línea, Javier Ródenas se refirió al otro tema en el que, según este ex asesor, también colaboró Batllori, relacionado con la posibilidad de denunciar el convenio colectivo de los trabajadores. "¿El papel de Batllori en este tema también se ciñó a que podía ponerle en contacto con la autoridad laboral?", preguntó el fiscal. "Me dio un soporte jurídico, de conocimiento de cómo funciona el tema", respondió el testigo, apostillando además que Batllori "le acompañó". "¿Y por ir con usted pagaban a otra persona?", volvió a subrayar el fiscal, planteando sus dudas sobre la veracidad de su declaración, por la que ahora se depuraran posibles responsabilidades penales.