El ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ha regresado una vez más este martes a los Juzgados, para volver a declarar como imputado en el caso "Unión". En esta ocasión, el ex edil del PIL ha tenido que responder dentro de una de las piezas separadas de la causa, centrada en las facturas que cobró Francisco Rodríguez Batllori de al menos dos instituciones lanzaroteñas. Según la investigación, el que fuera consejero de Justicia del Gobierno de Canarias cargó facturas a Inalsa y al Ayuntamiento de Arrecife por trabajos presuntamente no realizados.
Durante los registros llevados a cabo por la UCO, una de esas facturas apareció en la celda de Dimas Martín en el centro penitenciario de Tahíche. Además, los agentes también encontraron dos cartas de Batllori dirigidas a Dimas, pidiéndole ayuda: "Mira a ver, pues J.M.R. (en referencia al entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez), a quien le di la factura de este mes, me dijo que tú le habías comentado que parase ya con la última anterior, para desviarla por otro sitio", decía el ex consejero canario en esa carta.
El propio concejal, que ya ha sido detenido en dos ocasiones dentro del caso "Unión" (y otra más en otra causa, la Operación "Montecarlo"), admitió tras su arresto que le constaba que el servicio que pretendía cobrar Batllori con esa factura no se había prestado.
Según la UCO, lo que en realidad se estaba pagando con esas facturas eran los servicios jurídicos que había prestado Rodríguez Batllori como abogado a Dimas Martín, por su situación personal (incluyendo la reciente retirada del tercer grado penitenciario). Y en lugar de abonarlo directamente, según la investigación, Dimas ordenaba el pago de facturas desde las administraciones públicas. En su declaración en los Juzgados, José Miguel Rodríguez dijo en su día que le "constaba" que Batllori era el "abogado personal de Dimas", aunque tanto Batllori como Dimas Martín lo negaron.
Nuevo impulso al caso
La declaración que José Miguel Rodríguez ha prestado este martes en los Juzgados forma parte de una nueva ronda de comparecencias, tanto de testigos como de imputados en la causa, relacionados con esta pieza del caso "Unión". Este lunes también declaró como imputada la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y además estaban citados el propio Dimas Martín, la ex concejal de Arrecife Luisa Blanco y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta.
A lo largo de la semana también deberán pasar por los Juzgados la ex consejera María José Docal, en calidad de imputada, y la concejal de Arrecife Emilia Perdomo, en calidad de testigo. Además, han sido citados como testigos, muchos de ellos a petición de la defensa de Batllori, el consejero del Gobierno canario Domingo Berriel, el juez Juan José Cobo Plana, el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón y el abogado Pablo Luna.
Tras ser detenido en Gran Canaria y trasladado en helicóptero hasta Lanzarote, Rodríguez-Batllori negó los hechos que se le imputan ante los agentes de la UCO. Sin embargo, sí admitió que no tenía ningún tipo de contrato con Inalsa ni con el Ayuntamiento de Arrecife, pese a que cobró facturas de ambas instituciones.
En el caso del Ayuntamiento de Arrecife, Rodríguez-Batllori declaró que "recibía transferencias bancarias" de esta institución cada dos meses, hasta que "prescindieron de sus servicios". Esos "servicios", eso sí, fueron "saltando" de un área a otra, por lo que habría cobrado facturas desde distintas concejalías.