Inalsa recurrirá el laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que [ obliga a la empresa pública de aguas a indemnizar por una suma cercana a los 10 millones de euros ->7511] a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio, por la construcción de una nueva planta desaladora en el sur de Lanzarote. Así lo anunció este martes la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, quien a su vez se manifestó "sorprendida" por algunas cláusulas del contrato suscrito entre Inalsa y la UTE para eso trabajos, aunque insistió con el argumento ya esgrimido el lunes por el consejero Mario Pérez acerca de que fue la empresa privada la que incumplió dicho contrato.
"Nosotros tenemos con toda seguridad la posibilidad de hacer nuestra defensa ante el laudo, porquenuestros juristas entienden que tienen bastante defensa. Vamos a hacer la reclamación pertinente, que tenemos derecho a hacerla porque no es una sentencia firme, y ya veremos cómo se resuelve", sostuvo Rojas, quien no obstante no supo anticipar en qué ámbito se presentaráese eventual recurso. "Los juristas ya nos dirán si ante la propia Cámara de Comercio o en los Juzgados", señaló al respecto la presidenta.
"En el 2001 se había firmado un contrato con una UTE, y en ese contrato se decía lo que se tenía que hacer. Otra cosa es que lo compartamos o no, y yo como no lo viví en aquel momento, ahora cuando lo miras te sorprendes por ciertas cosas", agregó Inés Rojas. "Es sorprendente y desde el Cabildo nos ha llamado muchísimo la atención porque normalmente, cuando se hace ese tipo de contratos, siempre se prevé que puede haber algún litigio, algún enfrentamiento o no acuerdo entre las partes, y suele resolverse en un juzgado, nunca a través de la Cámara de Comercio. No sé por qué se ha hecho así", dijo.
El contrato suscrito el 18 de octubre de 2001 entre Enrique Pérez Parrilla y Plácida Guerra -en representación por entonces del Cabildo y de Inalsa- y los representantes de la UTE, señala en su cláusula 21º que "las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato [...] se someterán a arbitraje, determinando de mutuo acuerdo quién lo llevará a cabo [...], y de no llegarse a un acuerdo, se resolverá definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Las Palmas".
Más allá de esta cuestión, Inés Rojas sostuvo que "la UTE tenía que cumplir el contrato y no lo ha hecho. No son ellos quienes tienen que culparnos a nosotros, sino nosotros quienes tenemos que decirles que ellos no han cumplido el contrato". La discrepancia surge en torno a quién debía asumir las responsabilidades en caso de que el proyecto no pudiera ejecutarse por no conseguirse las licencias y autorizaciones necesarias, como finalmente ocurrió. Una novación (sustitución con una obligación otra otorgada anteriormente, la cual queda anulada en ese acto) de contrato confecha 17 de junio de 2003 autoriza que se inicien las obras aún sin contar con las autorizaciones y licencias pertinentes, "dada la necesidad de agua", y señala que "en caso de paralización de la obra por ese motivo [carencia de licencias y autorizaciones], el plazo de ejecución se aumentará correspondientemente".
Esto supondría que la UTE tenía luz verde para realizar la obra "en precario" y que cuando la carencia de autorizaciones le impidiera continuar, no sería responsable de ello y por lo tanto, no estaría incumpliendo contrato alguno. Esa novación de contrato fue suscrita, según el laudo, entre "los representantes de Inalsa y de la UTE Edam Janubio", sin especificar quiénes. La defensa que ahora realizará Inalsa se basaría en parte en no reconocer esa novación de contrato. "No hubo ningún acuerdo ni ninguna decisióndel Consejo Insular de Aguas que modifique ninguno de los términos del contrato", sostuvo al respecto este martes el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez.