FOTOS: Sergio Betancort
Hormiconsa ha comenzado ya a desmontar las naves ilegales que llevaban funcionando más de una década en el barrio de Maneje, con una machacadora y otras plantas anejas de fabricación de hormigón. Fue a mediados de este año cuando el Ayuntamiento de Arrecife ordenó el derribo de esas instalaciones, poco después de que la Audiencia Provincial confirmara la condena al empresario Miguel Morales por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad al realizar esa obra.
El juicio contra Morales se celebró a finales de 2011 y en octubre de ese año se dictó la sentencia, que le condenó a de 1 año y 8 meses de cárcel, a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la construcción y a pagar una multa de 67.500 euros. El empresario presentó entonces un recurso y la respuesta llegó más de tres años después, el pasado 26 de febrero. En ese fallo, la Audiencia Provincial daba por "definitivamente juzgada" la causa y ordenaba la "ejecución y cumplimiento" de la condena, que incluía también el derribo de las naves.
Sin licencia y en suelo protegido
Las instalaciones se levantaron sin pedir siquiera licencia y en suelo protegido donde no se podía construir, incumpliendo incluso en su día una orden de precinto del Ayuntamiento de Arrecife. Aquella orden de precinto dictada en octubre de 2005 era hasta ahora la única medida que el Ayuntamiento había adoptado contra Hormiconsa, tanto para frenar las obras como para instar el cierre de las instalaciones una vez que éstas estaban ya en funcionamiento. Así, la empresa siguió explotando esta industria, incluso después de que se dictara la primera sentencia, que ya en 2011 confirmaba su ilegalidad y la necesidad de demolerlas.
Finalmente, en abril de este año, dos meses después de que llegara la sentencia firme, el Consistorio ordenó a la empresa que presentase un proyecto de derribo. La orden se dictó el 1 de abril y Hormiconsa presentó el proyecto el 5 de junio, aunque el Ayuntamiento ordenó realizar correcciones, hasta que finalmente fue aprobado.
Desde que se remitió la notificación al promotor, para lo que se tuvo que recurrir a agentes de la Policía Local, éste tenía un mes para ejecutar el derribo o el desmonte de las naves. Después, un técnico municipal tendrá que supervisar que se haya cumplido con el mandato y con el proyecto presentado.
Una década en la ilegalidad
El caso de Hormiconsa se remonta a hace más de una década, cuando Morales construyó las instalaciones "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras", tal como consideró acreditado la sentencia. Además, aunque el Ayuntamiento ordenó el precinto en octubre de 2005, los trabajos continuaron. Por eso, Miguel Morales fue condenado no solo por un delito contra la ordenación del territorio, sino también por otro de desobediencia grave a la autoridad.
"El acusado dice que le han metido en un lío, se consideró perseguido políticamente y no sé si aspiraba a una impunidad que ya no existe. Esto es una burla al Estado de Derecho", señaló durante el juicio el fiscal Ignacio Stampa, afirmando que durante la vista se "desenmascaró" al empresario.
El caso llegó a los tribunales de la mano de Andrés Barreto, que era entonces concejal de Alternativa Ciudadana en Arrecife. En un principio, en la causa estuvieron imputadas la ex alcaldesa de la ciudad, María Isabel Déniz, y la que fuera edil de Urbanismo, Nuria Cabrera. Barreto denunció entonces que Déniz y Cabrera no habían tomado medidas reales contra Hormiconsa durante las obras, ni tampoco habían pedido el derribo de las instalaciones. Sin embargo, las actuaciones contra la concejal y la ex alcaldesa fueron finalmente archivadas, ya que el Juzgado entendió que con esa orden de precinto, que no se cumplió, las dos ediles sí habían tomado al menos alguna medida.