El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha enviado un requerimiento al alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, para que ejecute la sentencia que declaró ilegal aparcamiento de la calle Fajardo.
Este requerimiento llega después de que el Tribunal Supremo rechazase en julio de 2009 un recurso del Ayuntamiento, en contra de la sentencia que anulaba la licencia del mismo, al superar la altura máxima permitida.
Mediante acuerdo de la Comisión del Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, en mayo de 2002 se concedió a las entidades mercantiles Lauralanz S.L. y Sonilanz S.L. licencia de apertura para un edificio de aparcamiento, situado en la calle Fajardo, La Inés y Pasaje Julio Blancas. Asimismo, en junio de 2002, se concedió licencia de obras a la primera de las entidades.
En contra del Plan General
El Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en fecha 1 de octubre de 2008 estimando un recurso presentado por los vecinos, y anuló la licencia de obra del edificio, por sobrepasar el número máximo de plantas permitidas en la zona. El edificio de aparcamientos tiene siete plantas sobre rasante (una planta baja comercial más seis pisos y un sótano de aparcamientos) y el Plan General de 1997 permitía en esa zona solamente seis como máximo.
Los vecinos también impugnaron la licencia de apertura, pero la Sala desestimó el recurso por ser extemporáneo. También desestimó los otros seis motivos de nulidad que alegaron los recurrentes.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Arrecife presentó un recurso, que fue desestimado por el TSJC en mayo de 2009, declarando firme la sentencia.
Así, y después de que el Consistorio capitalino no ejecutase hasta el momento de forma voluntaria la sentencia, el TSJC ha requerido ahora al alcalde del Ayuntamiento, Cándido Reguera, para que la ejecuta, después de que los recurrentes así lo solicitasen.
Este requerimiento se une al que hace unos meses el TSJC hizo también al alcalde de Arrecife, en este caso, por el parking Islas Canarias, también declarado ilegal. Entonces, el TSJC accedió a aplazar el cierre del aparcamiento, hasta pronunciarse sobre si cabe o no la legalización del parking, tras un recurso presentado por los propietarios.