La sentencia del Alto Tribunal da la razón a la mercantil Litos Canarios S.A. y rechaza el recurso de casación formulado en su día por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Arrecife contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ahora el Supremo ratifica "en lo referente a considerar como urbanos 10.033 metros cuadrados de suelo en el llamado "Charco de San Ginés", manteniendo la calificación de espacio libre de los mismos".
El Supremo establece que "debe considerarse cumplimentado en el documento de Adaptación Básica aprobado mediante acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, adoptado en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2003, que clasifica la referida zona como suelo urbano".
La sentencia del Supremo, emitida el 22 de mayo, señala que "el único sistema que la Sala de instancia puede imponer de forma inequívoca, a fin de ejecutar su sentencia con garantía de equitativo reparto de beneficios y cargas para los propietarios del suelo destinado a espacios libres, es el de expropiación, si bien deja a salvo, con buen criterio, que un convenio entre los propietarios y las Administraciones urbanísticas pueda fijar otro".
Fuentes empresariales señalaron que el coste de la indemnización o expropiación de esta parcela, situada en el centro neurálgico de la capital lanzaroteña, puede acarrear al Ayuntamiento un desembolso millonario, al estar tasado el suelo urbano en el Charco de San Ginés en 600 euros el metro cuadrado.
El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, presidido por el alcalde socialista Enrique Pérez Parrilla, revocó este lunes el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la capital de Lanzarote que contenía diversos convenios urbanísticos con promotores privados.
Fuentes empresariales han señalado que ahora, con los nuevos fundamentos jurídicos esgrimidos por el Tribunal Supremo en esta sentencia que alude al Plan Urbano de Arrecife de 1991, ahora en vigor, aparejará nuevas indemnizaciones multimillonarias para el Ayuntamiento.
El Tribunal Supremo condena solidariamente al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Arrecife al abono de los costas del proceso judicial que se inició en el año 1997.