Los tres acusados por la apertura del teatro insular sin licencia intercambiaron varias conversaciones telefónicas el 4 de febrero de 2009, que se han escuchado este lunes durante el juicio. Y en ellas, decían que el técnico de Cultura del Cabildo Miguel Ángel Ferrer, que además ejercía como director en funciones del teatro, estaba "acojonado" por el concierto que se iba a celebrar esa noche. De hecho, había emitido un informe "desaconsejando" la celebración de ese acto hasta que no se contara con todos los permisos, ya que además había informes que advertían de carencias en materia de seguridad.
Finalmente, ante la insistencia del consejero Rubén Placeres, el propio concejal de Urbanismo de Arrecife, Ubaldo Becerra, habló por teléfono con Ferrer, para intentar tranquilizarle y trasladarle que el Ayuntamiento no pensaba "mandar a la Policía ni nada" a ese acto. "Yo me tengo que cubrir un poco las espaldas. Si muere alguien, aquí el que va a la cárcel es el técnico", le respondió Miguel Ángel Ferrer al edil, en una de las frases que se han escuchado en la sala.
"Te cuento, ahora que no está mi consejero", comenzaba diciéndole Ferrer al edil de Arrecife. A continuación, le explicaba que ya le había dicho a Placeres que él no haría actividades en el teatro "hasta que corrigieran las deficiencias". Además, detallaba que ese mismo día estaban realizando obras, entre otras cosas en una puerta que no tenía la barra antipánico, que es la que facilita la salida en caso de emergencia.
"Nosotros no vamos a hacer nada de nada"
"Nosotros no vamos a hacer nada de nada. Nos hemos reunido los dos. No vamos a decir ni mu", respondía Ubaldo Becerra en esa conversación, intentando tranquilizar a Miguel Ángel Ferrer y trasladando este mensaje en su nombre y en el del otro acusado en esta causa, el alcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla. Así, le instaba a celebrar el concierto que el Cabildo tenía previsto esa noche, aunque el teatro careciera de licencia.
Además, hablaban también del evento previsto para unos días después, el 13 de febrero, y Becerra se refería al "informe negativo" que existía "por todo eso que tú bien sabes". Por su parte, Ferrer insistía en que él, como técnico, había "desaconsejado" la celebración de cualquier acto, pero aclaraba que "quien decide" es el político, en este caso Rubén Placeres como consejero de Cultura del Cabildo.
"El teatro tiene 640 butacas y se han vendido 90 entradas. En ese sentido estoy tranquilo", explicaba Ferrer en otro momento de esa conversación, tras insistir en los trabajos que estaban ejecutando ese mismo día en el teatro. "Eso es lo más grave que teníais, las puertas que se puedan abrir, las salidas de emergencia", respondía por su parte Becerra.
"No incumplía todas las normativas mundiales"
Precisamente en este debate de si había o no graves carencias en materia de seguridad ha girado buena parte del juicio celebrado este lunes en Arrecife. "No es que incumpliera todas las normativas mundiales, como parece que se está diciendo aquí", ha defendido el abogado de Ubaldo Becerra. Además, los letrados de la defensa han sostenido que si no se había obtenido la licencia era porque faltaba por entregar documentación al Ayuntamiento
"El procedimiento administrativo no estaba completo, pero no había deficiencia alguna", ha señalado el abogado de Pérez Parrilla. Por su parte, el letrado de Ubaldo Becerra sí ha hablado de "defectos" en las instalaciones, pero ha alegado que "durante esa mañana se subsanaron los más graves". "No digo que no quedaran", ha apostillado, "pero no eran los más graves". Además, se ha referido a la declaración que el propio Miguel Ángel Ferrer ha prestado este lunes como testigo. "Ha sido ilustrativo de que ese día no existió riesgo", ha señalado el abogado.
Por su parte, la fiscal Laura Ordás ha señalado en sus conclusiones que efectivamente ese día "se cambió una de las puertas y la alarma de incendios, pero faltaban cosas". Así, ha insistido en el "peligro en que se podía haber puesto" a los ciudadanos que acudieron a ese concierto y ha hecho hincapié en que los defectos de los que habían advertido los técnicos "no eran temas baladís", "eran temas serios que comprometían la seguridad de las personas que iban a ir".
Además, ha subrayado que después de estallar el caso Unión, la propia administración cerró el teatro insular, lo que confirma que la instalación "no estaba bien". De hecho, tardó dos años en volver a abrir sus puertas, hasta que consiguió todos los permisos, y se tuvieron que realizar obras en materia de seguridad por valor de 180.000 euros, según informó en su día el Cabildo. Entre otras cosas, según ha explicado durante el juicio el responsable de ese proyecto para "actualizar la instalación", se tuvieron que cambiar puertas porque "no se abrían en el sentido de la evacuación", sino hacia adentro, y también distintos materiales que no eran resistentes al fuego, así como otras intervenciones vinculadas a la seguridad.
"Solo hay dos opciones, Enrique"
En otra de las conversaciones que se han escuchado durante el juicio, es Enrique Pérez Parrilla quien se interesa por la apertura del teatro, porque le habían llamado "del Cabildo" preguntando por la licencia. "Ya les dije que no había ningún problema. Que en principio nosotros no íbamos a mandar a la Policía a cerrarle el teatro", le responde Ubaldo Becerra. "Miguel Ángel Ferrer dice que bajo su responsabilidad, sin licencia no abre", le responde el alcalde, que a continuación le pregunta a Becerra si hay "algo grave" en las instalaciones y el edil responde "no creo".
Después, Becerra recibe una nueva llamada de Rubén Placeres, hablando también de los reparos que está poniendo el técnico. "Si me puedes dar algún documento provisional, para que él vea que lo tengo", le dice el consejero. En ese momento, Ubaldo Becerra insiste en que "suponiendo que faltara algo", una luz de indicadores de emergencia "fundida" o "cualquier tontería", "no pasa nada", y se ofreció a hablar personalmente con Miguel Ángel Ferrer, como de hecho hizo después. Pero además, intentó que se firmara un decreto con una autorización provisional.
"¿Pero va a hacer el decreto ése?", le pregunta Placeres cuando le vuelve a llamar poco después, esa misma mañana. Después, el concejal, que es quien tenía el teléfono intervenido dentro de la operación Unión, vuelve a hablar con el alcalde. "Solo hay dos opciones. O no controlar y que lo hagan, o tú le firmas un decreto", le plantea. "Yo no voy a hacer un decreto con un informe negativo. Diles que no va a pasar nada, pero con informe negativo, no", le responde el alcalde. Y ahí, Becerra vuelve a hablar con el consejero. "Ya hablé con el alcalde, que no hay ningún problema, que lo hagas", le traslada.
"Este procedimiento es de auténtica hipocresía"
Por su parte, el abogado de Pérez Parilla, Francisco Torres Stinga, ha señalado en sus conclusiones que "este procedimiento judicial es de auténtica hipocresía". Así, ha mostrado varios recortes de prensa haciendo referencia a otras instalaciones, tanto de Canarias como de Lanzarote, que han estado operando sin licencia, incluyendo los Centros Turísticos y el propio Palacio de Justicia de Arrecife. "Como empecemos así, empezamos con los hoteles de Playa Blanca, que no tiene ninguno licencia de actividad, y cerraremos hasta los Juzgados", ha afirmado el letrado.
Además, tanto él como el resto de abogados se han referido a la "burocracia" de la administración y a los problemas para conseguir permisos. "Es tal la insistencia de llamadas que ya no saben ni qué hacer ni qué decir", ha alegado el abogado de Ubaldo Becerra, en referencia a las conversaciones que mantuvieron esa mañana. "Si llevaban años haciéndolo, ¿por qué ahora nos ponen en este brete?", ha afirmado, refiriéndose a lo que pudieron pensar en ese momento los acusados, cuando se enfrentaron a los informes negativos y, en particular, a los reparos del técnico de Cultura.