El Tribunal Supremo ya ha resuelto los recursos contra la primera sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el caso Unión, y lo ha hecho ratificando la condena a todos los acusados, pero rebajando los delitos y las penas impuestas a casi todos ellos. Finalmente, de los seis condenados en esa pieza, por el pago de facturas fraudulentas a Francisco Rodríguez Batllori desde el Ayuntamiento de Arrecife y desde Inalsa, solo cumplirán prisión el propio Batllori y Dimas Martín.
No obstante, la sentencia del Supremo también contempla una rebaja significativa para ellos con respecto a la pena impuesta por la Audiencia Provincial. En el caso de Batllori, fue condenado a 7 años y 3 meses de cárcel y el Supremo rebaja la pena de prisión a 2 años, 9 meses y 22 días, al eliminar uno de los dos delitos de malversación por los que fue condenado, y también un delito de falsedad documental.
En el caso de Dimas Martín, la Audiencia le impuso 5 años y medio de cárcel, y el Supremo lo rebaja a la mitad, 2 años y 9 meses, al eliminar también uno de los dos delitos de malversación por los que fue condenado. El Supremo sí considera que ambos incurrieron en malversación con los pagos efectuados desde el Ayuntamiento de Arrecife, pero no con los de Inalsa. En ese segundo caso, considera que el delito fue de prevaricación. Por eso, tanto en el caso de Batllori como en el de Dimas, reemplaza la pena de cárcel que se les impuso por ese delito, por otra de inhabilitación, de cuatro años, tres meses y un día. Sin embargo, les mantiene a ambos las penas de cárcel por el otro delito de malversación, en relación con los pagos realizados desde el Ayuntamiento de Arrecife.
Por este mismo motivo, el Tribunal Supremo cambia las penas de cárcel por penas de inhabilitación para las otras dos personas que fueron condenadas por los pagos realizados desde Inalsa, es decir, la ex consejera delegada Plácida Guerra y el ex gerente de la empresa, Rafael Elorrieta. Y también cambia el delito de malversación por el de prevaricación para la ex concejal de Arrecife Luisa Blanco. A los tres, la sentencia les impone una pena de 8 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.
En cuanto al sexto condenado, el ex concejal de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez, se mantiene su pena de un año de cárcel, ya que reconoció los hechos, mostró su conformidad con la acusación y no recurrió el fallo.