La comisión de Economía y Hacienda del Senado rechazó este jueves una propuesta del PP para que se anulen los valores catastrales aprobados en 2007 por la dirección general del catastro para los municipios grancanarios de Guía, Ingenio y Valsequillo; y los lanzaroteños de Arrecife y Tías.
La senadora del PP por la Comunidad Autónoma Dolores Luzardo señaló, durante la defensa de su iniciativa, que dichos valores están "totalmente desproporcionados" y que en algunos casos incluso "superan de forma abusiva e insultante los precios de mercado".
Asimismo dijo que existe un sentimiento unánime al respecto no sólo por parte de los alcaldes de los municipios citados sino por entidades como la Cámara de Comercio de Lanzarote.
En esta misma línea Luzardo indicó que las nuevas valoraciones no sólo suponen perjuicios para sus propietarios en el momento de pagar tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sino a la hora de solicitar becas o ayudas que son baremadas en función de la posesión de inmuebles con determinados valores catastrales.
Si bien Coalición Canaria no estaba representada en la Comisión a través del Grupo Mixto, ninguno de los demás grupos representados en el Senado respaldaron los argumentos del PP y en el momento de la votación todos ellos votaron en contra.
En este sentido, el senador del PSOE por Granada Juan Manuel Fernández Ortega subrayó que las valoraciones catastrales se revisan en todos los municipios de España cada diez años y que el proceso seguido por la dirección general del catastro había sido "totalmente legal" y sin que se hubiera producido "ninguna reclamación en tiempo y forma" antes de la aprobación de los nuevos valores en 2007.
Además negó que las valoraciones superasen en ningún caso los precios de mercado por lo que había comprobado al preparar la defensa de la posición de su grupo consultando los precios que ofrecen diferentes inmobiliarias.
APLICACION ESCALONADA
El senador del PSOE asimismo insistió en que la diferencia entre los antiguos y los nuevos valores no se ve reflejada de un año para otro en los recibos que pagan los ciudadanos, sino que se va aplicando "de manera escalonada" en impuestos como el IBI mediante una décima parte al año hasta que se produzca la nueva revisión.
Además, Fernández subrayó que los Ayuntamientos "cuentan con la herramienta" de aplicar distintos tipos al establecer la base liquidable de los impuestos si estiman que el cambio es "muy significativo" para los ciudadanos, e incluso recordó que la legislación vigente permite "reiniciar el proceso desde cero" mediante una nueva valoración en 2012, si los municipios afectados así lo solicitaran.
Otros portavoces, como la representante de Entesa Catalana de Progres (PSC-ERC-ICV) Judith Alberich, incidieron en los perjuicios que pueden suponer para las arcas municipales una falta de revisión periódica de los valores catastrales.
ACN Press