La querella, firmada por el secretario de organización de los socialistas de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, argumenta que "se ha traspasado con toda claridad la línea que separa el ilícito administrativo de las conductas con trascendencia penal".
Según se explica en el documento presentado por el PSOE en el juzgado decano de Arrecife, y siempre según su versión de los hechos, "tanto los informes técnico y jurídico emitidos, como la resolución dictada [en referencia a la licencia otorgada por el alcalde a Residencial Costa Roja para la construcción de más de mil viviendas] se han realizado o producido a sabiendas de su tosca y grosera contradicción con el ordenamiento jurídico, de forma totalmente deliberada, con plena conciencia de su ilegalidad, y con una voluntad claramente rebelde y decididamente resuelta a remover todos los obstáculos legales interpuestos a propósito desviado, con la finalidad de obtener el beneficio ilícito perseguido (?)".
El PSOE defiende que ha tenido que tomar esta medida ante el, a su juicio, "flagrante incumplimiento" de la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y del grupo político al que ahora representa (Coalición Canaria), de llevar a José Francisco Reyes a la vía criminal si de los informes técnicos solicitados al efecto se entreveía algún posible delito penal.
Según los socialistas Inés Rojas y su Gobierno han decidido no acudir a la vía penal entre otros "motivos ocultos" por "temor a verse obligados a tomar una decisión similar con el ayuntamiento de Teguise", regido por Juan Pedro Hernández, compañero de partido político. Que José Francisco Reyes "fuera hasta hace muy poco un miembro muy destacado de Coalición Canaria" es otro de esos motivos "ocultos" considerados por el PSOE. Finalmente creen que el hecho de que el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, acusado también en la querella presentada este jueves, sea Antonio Lorenzo Tejera, miembro destacado de CC y director general de Trabajo de Canarias hasta el año 2003, es otra de las explicaciones a la decisión del Cabildo de no emprender medidas penales.
Para los socialistas lanzaroteños, Inés Rojas "tiene que explicar a la ciudadanía su uso del doble lenguaje y los mensajes ambiguos y contradictorios que ella misma y Coalición Canaria lanzan con respecto a su política sobre desarrollo sostenible", y el por qué de su negativa a que el Cabildo acudiera a los tribunales "ante la evidencia tan clara de cometerse una presunta ilegalidad urbanística".
El PSOE recuerda que en el pleno del Cabildo de Lanzarote del pasado el pasado 28 de febrero, todos los partidos políticos representados en la Corporación tomaron "por absoluta unanimidad" el acuerdo de recurrir a la querella criminal si se apreciaban indicios suficientes de delito, cosa que en opinión del PSOE "ha quedado demostrada tras la lectura de los informes que la Corporación solicitó".