ACN
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado este martes en el registro de la Cámara la creación de una comisión de investigación para analizar el alcance, en lo que a responsabilidades políticas se refiere, de las "numerosas infracciones legales a la normativa vigente" imputadas a la Dirección General de Tesoro por la Audiencia de Cuentas de Canarias en su Informe de Fiscalización del ejercicio 2002, según informó el portavoz popular, Jorge Rodríguez.
El diputado del PP considera que conviene esclarecer no sólo "si ha existido un alto grado de negligencia por acción u omisión, sino también si existen aspectos de carácter doloso", en la actuación de los responsables tanto de la Dirección General como de la Consejería de Economía y Hacienda, dirigida en esa época por el actual presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín.
Jorge Rodríguez calificó de "demoledor" el informe de la Audiencia de Cuentas en lo que se refiere, por un lado, a la falta de control de la actividad del Tesoro por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Intervención Delegada y sobre las numerosas contrataciones efectuadas, y los correspondientes pagos, sin observancia de los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
"Muchos de estos pagos -insistió el portavoz popular- son de carácter extrapresupuestario y la propia Audiencia de Cuentas los ha calificado en su Informe como de absolutamente ilegales e innecesarios, existiendo incluso la posibilidad de haberse incurrido desde la Dirección General en la figura de la contratación simulada, como forma de amparar determinados pagos que no procederían".
Críticas de PP y PSC
Los grupos parlamentarios popular y socialista criticaron este lunes el "descontrol" en la actividad financiera y de tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2002, así como la "mala gestión" de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que se recogen en el informe de fiscalización realizado por la Audiencia de Cuentas que se analizó en comisión parlamentaria.
Coalición Canaria (CC), a través de su portavoz, José Miguel González, señaló que el informe demuestra que el funcionamiento Dirección General del Tesoro no era la correcta y pone de manifiesto la existencia de irregularidades, pero aseguró que actualmente se están aplicando las encomiendas realizadas por el órgano fiscalizador.
En sus recomendaciones, la Audiencia de Cuentas pide a la Intervención General que intensifique el control de la actividad que Desarrolla la Dirección General, a la que aconseja elaborar diariamente un estado de situación de fondos real que habría de ser conservado para que los órganos de control puedan comprobar la correcta utilización de las operaciones gestionadas.
El diputado del PSC-PSOE Blas Trujillo, por su parte, calificó de "preocupante y de absolutamente inadmisible" el "panorama" que refleja el informe de fiscalización, por el que, opinó, se demuestra que la Dirección General del Tesoro "funcionó por libre, la Intervención General que se negó a realizar un mínimo control y la Secretaría General Técnica facilitó datos erróneos o falsos a la Audiencia de Cuentas".
Depurar responsabilidades políticas
Asimismo, el Grupo Popular entiende la oportunidad de la comisión de Investigación para depurar responsabilidades políticas por la "ineficaz gestión" de la Dirección General, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, por cuanto del propio informe de fiscalización se desprende ha ocasionado un perjuicio para las arcas públicas.
"Un daño que ha sido ocasionado bien, por pérdida de potenciales ingresos, bien por pago de recargos derivados del retraso en el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias, o bien, por el pago de determinadas cantidades como contraprestación a la realización de trabajos -algunos de ellos sin licitación pública- innecesarios, carentes de rigor e ineficaces para el apoyo de la actividad de la Dirección General", añadió Jorge Rodríguez.
Y, por último, resaltó el diputado popular, conviene esclarecer hasta qué punto era del desconocimiento del titular de la Consejería de Economía y Hacienda la absoluta falta de planificación y de control externo e interno de la Dirección General de Política Financiera y del Tesoro, según se desprende del Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias.