El caso Yate está listo para ir a juicio, pero la investigación continuará en las dos piezas separadas a las que ha dado lugar este procedimiento: una por los pagos presuntamente ilegales a Felipe Fernández Camero desde el Ayuntamiento de Yaiza y otra por las licencias residenciales concedidas en el Plan Parcial Playa Blanca.
Así, los once acusados que se sentarán en el banquillo en el caso Yate y la solicitud de penas de hasta 25 años de prisión no ponen fin a la investigación por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Y es que algunos de los nuevos frentes que se encontraron durante la instrucción, se resolverán en causas y juicios independientes.
Por un lado, tal como solicitó la Fiscalía hace dos años, la juez que instruye el caso Yate, y que acaba de ordenar la apertura de juicio oral, ha acordado también separar una pieza centrada solo en las licencias residenciales concedidas por José Francisco Reyes en el Plan Parcial Playa Blanca entre 2004 y 2007. Su análisis detallado justifica la apertura de otro procedimiento, según apuntó la Fiscalía en su escrito de acusación elevado a principios de 2013. Ya entonces dejó las licencias del Plan Playa Blanca fuera de ese escrito de acusación, que aún así tenía más de 150 folios, dando una dimensión del volumen que ha alcanzado esta causa.
Lo que sí se juzgará dentro del caso Yate, junto a las licencias hoteleras ilegales y la del puerto deportivo Marina Rubicón, es el primer permiso para ese Plan Parcial Playa Blanca (el del proyecto de urbanización). El resto de las licencias darán lugar a una nueva acusación, y con ello podrían solicitarse nuevas penas para Reyes (para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel sólo por la pieza central del caso "Yate") y también para los técnicos municipales que informaron favorablemente esas licencias.
Decenas de licencias ilegales
Pese a que el Plan estaba extinguido y no podía desarrollarse, Reyes autorizó decenas de licencias para la construcción de unas 600 viviendas. En el escrito de acusación del caso "Yate", se citan hasta 24 licencias concedidas a distintas empresas en el Plan Parcial Playa Blanca. Sin embargo, ni siquiera llegaron a analizarse en detalle, dada la envergadura que adquiría ya la causa, y ahora se investigarán en un procedimiento separado.
Para ello, la juez ha ordenado que se remita al Decanato el testimonio de las actuaciones referidas a esas licencias, para que se reparta esta nueva causa a otro Juzgado, que será el encargado de dirimir los presuntos delitos contra la ordenación del territorio "o cualquier otro que pudiera resultar de la investigación".
Esta nueva causa se suma a otra que ya estaba abierta en el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, a raíz de una denuncia presentada contra unas de las licencias concedidas en ese mismo Plan Parcial. Concretamente, se investigan las licencias ilegales que Reyes otorgó a su compañero de partido Pedro de Armas. En esa causa paralela están imputados José Francisco Reyes, el entonces secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo.
Respaldo de la Audiencia Provincial
La otra pieza separada del caso Yate se abrió hace cerca de dos años, por los pagos que recibió Felipe Fernández Camero del Ayuntamiento de Yaiza. En esa pieza están imputados tanto Camero como Reyes y el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, por presuntos delitos de prevaricación, en concurso con malversación de caudales públicos. La investigación de esta pieza separada está a cargo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife y cuenta con el respaldo de la Audiencia Provincial, que en febrero de 2014 ordenó seguir la instrucción, al entender que había "indicios delictivos" que así lo justificaban.
En concreto, se investiga una posible contratación irregular de Fernández Camero, que cobraba por partida doble del Consistorio, tanto como abogado en numerosos pleitos, como por una supuesta labor de asesoramiento. Camero recibió durante años pagos mensuales del Ayuntamiento, por servicios que están bajo sospecha de no haberse prestado realmente.
En su momento, Fernández Camero estuvo imputado en el caso Yate como supuesto "inductor" de la conducta presuntamente delictiva del ex alcalde. Sin embargo, en 2012 la Fiscalía pidió archivar los cargos contra él por prevaricación urbanística y cohecho, ya que no pudo acreditar su participación directa en la concesión de las licencias. Algo especialmente difícil en este caso, ya que en realidad no era "autoridad o funcionario público", y tampoco hay, según subrayaba el fiscal, "ningún informe escrito" en el que aconseje la concesión de las licencias que se investigan. Sin embargo, precisamente por ello, la Fiscalía pidió abrir esta nueva pieza por malversación de caudales públicos, al no haber constancia de ese asesoramiento por el que cobró durante años del Ayuntamiento.
"No aparece justificado, en este momento procesal, que el Ayuntamiento de Yaiza tuviera que recurrir a los servicios del imputado de forma permanente a lo largo de los doce meses del año y, además, contratara a aquél como letrado en numerosas causas", sostenía la Audiencia Provincial en un auto fechado en enero de 2014, en el que ordenaba seguir la instrucción y hablaba de un "solapamiento de servicios profesionales de carácter jurídico" y de una "irregularidad desde el punto de vista legal" en los pagos a Camero. Incluso, consideraba que la situación podía "calificarse de evidente y grosera", "en atención a la más elemental normativa en materia de contratación administrativa", ya que tampoco existía contrato alguno que avalara esos pagos.