El Plan Especial de La Geria está "viciado de nulidad" e incluye determinaciones "contrarias a la ley". Eso fue lo que advirtió en noviembre de 2014 la jurista del Cabildo Joana Macías, en un informe pericial elaborado a petición del Juzgado que instruía el caso Stratvs. Y entre esos vicios de nulidad, Macías incluía uno, la ausencia de un informe de sostenibilidad económica, que es el mismo (entre otros) que acaba de llevar a anular el Plan General de Ordenación de Marbella.
Tal como la pasada semana publicó La Voz de Lanzarote, las tres sentencias del Tribunal Supremo que han anulado el Plan marbellí han vuelto a dejar claro que no se puede aprobar un nuevo planeamiento para legalizar construcciones ilegales. Pero además, otros argumentos de esas sentencias coinciden también con lo que han advertido no solo Macías, sino también otros técnicos del Cabildo, con respecto al Plan Especial de La Geria, contra el que ya se han presentado varios recursos en los Tribunales.
Entre otras cosas, el Supremo aclara que el Estudio Económico Financiero, con el que sí contaba el Plan de Marbella, no sustituye al Informe de Sostenibilidad Económica, que es el que debe garantizar que existen recursos públicos y privados para la implantación y puesta en uso del plan y de los servicios que sean necesarios. Y esto mismo era subrayado por Joana Macías en su informe sobre el Plan de La Geria. "Una cosa es la viabilidad económica y otra la sostenibilidad económica", señalaba la jurista, diferenciando cada uno de los documentos y subrayando que la ausencia del segundo era causa de nulidad del Plan de La Geria.
Polo Díaz también lo advirtió
Lo mismo fue después planteado por el que entonces era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, que poco después fue destituido por el presidente, Pedro San Ginés. En un informe que había sido encargado por el propio San Ginés para intentar contrarrestar el dictamen de Macías, Leopoldo Díaz llegaba a las mismas conclusiones sobre la nulidad del Plan de La Geria, entre otros motivos, por esa ausencia de un informe de sostenibilidad económica.
Al respecto, el jurista subrayaba que ese informe que obliga a elaborar la Ley del Suelo también era exigible para aprobar el Plan de La Geria, "máxime cuando clasifica suelo urbano y urbanizable, incorpora infraestructuras y regula usos productivos". Al respecto, añadía que no solo era "pertinente sino necesario" haber estudiado "el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas, por una parte, y la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, por otra".
Sin embargo, el Plan de La Geria se aprobó sin ese estudio de sostenibilidad económica, al igual que el Plan de Marbella. Respecto a la ausencia de ese informe y de otros documentos, como la evaluación medioambiental de las diferentes alternativas en el Plan de Marbella, la sentencia del Supremo concluye que no solo no se realizaron, sino que aunque existieran, esos "trámites esenciales" habrían perdido "su razón de ser y sentido útil cuando se proyectan sobre un plan urbanístico que, en realidad, mira más al pasado que al futuro", ya que uno de los "designios inspiradores" del Plan es "normalizar las indeseables situaciones urbanísticas pasadas contrarias a la legalidad". Es decir, legalizar lo construido ilegalmente.
Cambio de categoría del suelo de Stratvs
Tanto el informe de Joana Macías como el de Leopoldo Díaz concluían que el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria tiene "vicios de nulidad e ilegalidad" no solo por la falta de informes obligatorios, sino también por el trámite que se siguió para su aprobación (según Macías, la sentencia que anuló el Plan anterior no fue "ejecutada en sus propios términos, con la consiguiente vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva"). Además, ambos juristas veían vicios de nulidad en el trato que se dio en el documento a la bodega ilegal de Juan Francisco Rosa.
Entre otras cosas, Leopoldo Díaz cuestionaba que entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva del Plan Especial de La Geria se modificó la categoría del suelo de Stratvs (la inicial no permitía la instalación de una bodega y la última sí) y que eso se hizo sin someterlo a información pública, sin fundamentar el cambio y sin modificar la Memoria del Plan, pese a que se trataba de "un cambio sustancial", por lo que advertía de que eso conlleva "causa de nulidad radical de dicho planeamiento".
En cualquier caso, el informe también señalaba que pese a los cambios contemplados en el Plan, la bodega Stratvs seguiría sin ser legalizable, ya que tampoco cumple los "parámetros urbanísticos" establecidos en ese documento ("incumple parcela mínima, edificabilidad, metros construidos sobre rasante, altura máxima y retranqueos"). Precisamente algunos de esos "parámetros" son los que también se pretenden variar con la modificación del Plan de La Geria, que a finales de la pasada legislatura fue llevada a Pleno en tres ocasiones por Pedro San Ginés, sin conseguir que se aprobara.
En la última ocasión, el tema volvió a quedar sobre la mesa cuando el PSOE planteó que no había informes de ningún funcionario del Cabildo (el que había era del director insular de Política Territorial, que es un cargo de designación política). Desde otros partidos, como el PP, llegaron a preguntar si no estarían incurriendo en un posible delito de prevaricación al aprobar la modificación en esas circunstancias. La respuesta del secretario, Pancho Perdomo, llegó casi tres semanas después, cuando confirmó por escrito que efectivamente se necesita al menos un informe elaborado por un funcionario público o personal laboral de la institución y agregó además que ese informe también debería "profundizar en algunos aspectos de los que adolece" el único dictamen con el que se contaba hasta ese momento.
Cuando se celebró ese Pleno a finales de la pasada legislatura, San Ginés no había hecho público el informe de Leopoldo Díaz sobre el Plan de La Geria. Ese informe estuvo siendo reclamado durante semanas por la oposición, hasta que finalmente se hizo público tras las elecciones, unos días después de la destitución de Polo Díaz al frente de la Oficina del PIOT. Aunque ni el informe de Joana Macías ni el de Díaz abordan directamente la modificación del Plan de La Geria, ambos tienen una conexión directa con ese documento. Y es que la modificación avanza aún más en un Plan que dos juristas del Cabildo consideran que es nulo y que se aprobó incumpliendo los cauces legales.