El que fuera [gerente del Consorcio Insular de Aguas->37689], Antonio Cárdenas, también está imputado en el caso "Unión". Así queda reflejado en el auto de la juez Lucía Barrancos, en el que separa la pieza central de la causa y levanta el secreto de sumario sobre estas actuaciones.
La juez sostiene en ese auto que Cárdenas "podría haber aceptado abonar una comisión ilegal" para que "se adjudicase a ENAC Ingenieros y Consultores SL alguna de las obras del denominado Plan de Barrios", impulsado por el PIL en el Ayuntamiento de Arrecife a inicios de la pasada legislatura.
Según la juez, esa adjudicación pudo realizarse "al margen de todo procedimiento legalmente establecido en cuanto a la forma y a la publicidad, o con información privilegiada, que le habría permitido presentar la propuesta mejor valorada, al tener conocimiento previo de las ofertas de otros empresarios".
El auto señala a Dimas Martín como la persona que exigió esa comisión, utilizando a Matías Curbelo como supuesto intermediario. En esa época, Dimas ya estaba cumpliendo condena y no ocupaba cargos públicos, pero la juez sostiene que el líder del PIL "habría podido interceder en la adjudicación de las obras a favor de dicho empresario a través del Jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha", que fue detenido en la Operación "Unión",o "de la Jefa del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, María Elena Martín Martín", que es hija de Dimas y que también fue arrestada en esta causa.
Gerente del Consorcio
Antonio Cárdenas fue nombrado gerente del Consorcio del Agua en marzo de 2010, bajo la presidencia de Pedro San Ginés. En ese momento, San Ginés gobernaba en pacto con el Partido Popular, con Ástrid Pérez en la vicepresidencia.
Además, Cárdenas también ha trabajado para otras instituciones, como el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde desarrolló funciones como personal eventual.
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